Violencia política de g énero en México: desde todos los frentes
La violencia contra las mujeres crece a la par de los espacios que conquistan en la representación política.
CIUDAD DE MÉXICO. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se asume como el más feminista en la historia de México. Sin embargo, cuando las mujeres colocan demandas por la protección de sus derechos en la agenda pública, el presidente cierra las puertas al diálogo y desestima las exigencias desde la tribuna de Palacio Nacional.
La voz de las mujeres lleva décadas resonando en la vida política del país para garantizar su acceso al voto y a la representación popular, el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, así como un piso parejo en todos los ámbitos.
A pesar de que las mexicanas ocupan cada vez más cargos de alto nivel dentro de la administración pública, las agresiones en su contra se multiplican, mientras la libre manifestación de sus reclamos políticos se enfrenta a la represión.
Tan solo durante el periodo electoral 2017-2018 fueron asesinadas 16 mujeres dedicadas a la política, entre ellas, aspirantes a puestos de elección popular, servidoras públicas y militantes partidistas. De estas, 69% formaba parte de la oposición al gobierno en turno, de acuerdo con la consultora Etellekt.
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De cara a las elecciones del próximo 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha registrado al menos 24 sanciones por actos de violencia política en razón de género, de los cuales 58% fueron cometidos por servidores públicos y el resto por particulares.
Entre la lista de los sancionados destacan los presidentes municipales de Chalakmul, Campeche; Altotonga y Alto Lucero, Veracruz, culpados por obstruir el efectivo ejercicio de las funciones de mujeres ediles de sus ayuntamientos.
Se detectaron, además, casos de violencia política que no figuran en el listado del INE, como los comentarios de carácter misógino realizados por el diputado federal Gerardo Fernández Noroña y el dirigente estatal de Morena en Baja California Sur, Alberto Rentería. Estos en contra de la diputada federal Adriana Dávila y la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, respectivamente.
En el camino transcurrido hacia las elecciones intermedias de 2021, se han presentado más de 40 denuncias por violencia política de género a nivel nacional y, debido a la ausencia de una tipificación penal, hasta el año pasado no existía una sola resolución en favor de las mujeres víctimas de estas conductas.
En su lucha por la apertura de mayores espacios en el ámbito político, las mexicanas viven una realidad en la que se ejerce violencia de forma cotidiana; desde las que se encuentran en cargos públicos y cúpulas partidistas; las que construyen organizaciones y forman colectivas, hasta las activistas al pie de calle, que entre los gases y escudos policiales pugnan por hacer valer sus derechos. Todas ellas, victimizadas por el sistema patriarcal que sepulta sus voces por el hecho de ser mujeres.
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Martha Tagle, diputada federal de Movimiento Ciudadano, asegura que el feminismo cobró fuerza en México, debido a que los niveles de violencia en contra de las mujeres son insostenibles.
“Ya lo hemos intentado todo: leyes, iniciativas, marchas pacíficas y nada ha funcionado. No hay voluntad política para atender realmente las necesidades de las mujeres y ponerle un alto definitivo a la violencia”, agrega.
El hartazgo generado por la constante invisibilización de las mujeres en la esfera pública generó una ola verde y violeta que, entre diversas formas de manifestación política directa, exige el cese inmediato de las agresiones.
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La cruda realidad de las políticas mexicanas
La violencia ejercida en contra las mujeres que ostentan o pretenden ejercer un cargo público en el país aumenta de forma proporcional a los espacios que conquistan en la representación política.
Si bien la reforma de 2013 representó avances significativos en materia de paridad de género, también implicó un incremento en los ataques hacia las políticas mexicanas.
A pesar de que esta forma de violencia no posee un carácter estacional, la propia naturaleza de los procesos electorales impone las condiciones de riesgo suficientes para la ejecución sistemática de violaciones a sus derechos políticos.
El último reporte elaborado por la consultora Etellekt revela que durante el primer trimestre de 2019, las agresiones hacia mujeres que realizan actividades políticas aumentaron 276%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, afectando particularmente a las autoridades electas.
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Entre mayo de 2019 y agosto de 2020 se perpetraron los feminicidios de la alcaldesa oaxaqueña Carmela Parral, militante del PRD, reelegida en el municipio de San José Estancia Grande, y la legisladora local por Morena en Colima, Francis Anel Bueno, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa clandestina.
Los defensores de derechos humanos han volcado su atención sobre el periodo electoral 2020-2021, después de los homicidios de las veracruzanas Florisel Ríos, presidenta municipal de Jamapa y representante del PRD; la exalcaldesa de Cosoleacaque Gladys Merlín, militante del PRI, y su hija Carla Enríquez, aspirante a la diputación local por Morena.
Al inicio de su campaña la candidata priista para el estado de Hidalgo, Erika Saab Lara, fue amenazada por medio de una manta con una cabeza de cerdo cercenada.
Camino solitario, respuesta colectiva
“Si no regreso, quémenlo todo” se lee en las pintas de las calles y los carteles en las redes. Las protestas para denunciar la desaparición de mujeres o el feminicidio reúnen a miles de personas en las plazas públicas del país.
Mediante un mayor ejercicio de su derecho a manifestarse, las mexicanas reclaman la protección, respeto y garantías de seguridad, así como su rechazo a los abusos cometidos de manera sistemática.
En noviembre de 2020, la ciudadanía quintanarroense y familiares de Bianca Alejandrina se reunieron en Cancún para exigir justicia por su feminicidio. Sin embargo, la protesta fue reprimida con disparos por elementos antimotines.
Bianca Alejandrina fue localizada sin vida y con signos físicos de violencia. De acuerdo con los testimonios recabados por la prensa local, antes de que la activista fuera asesinada, manifestó su temor a sufrir agresiones por ser mujer y colaborar con organizaciones feministas.
Dos meses antes, un grupo de mujeres de la Ciudad de México tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el propósito de transformarla en un refugio para víctimas de violencia de género.
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Esta acción fue replicada por activistas del centro y sur del país, quienes de manera directa o simbólica tomaron las comisiones locales del Estado de México, Guerrero, Puebla y Tlaxcala. En el marco de estas protestas, las manifestantes y periodistas mexiquenses fueron detenidas de manera violenta por agentes de seguridad municipal.
Desde la opinión pública y las tribunas del país, no solo se critica la forma de manifestación, sino el fondo de las peticiones de las mujeres mexicanas.
Al respecto, Patricia Olamendi Torres, doctora en derecho, pide a las mujeres y a las víctimas que se empoderen frente a un sistema de justicia que las silencia.
“Las mujeres tenemos que pasar de ser una fuerza numérica a ser una fuerza política, porque hasta ahora somos un grupo sin fuerza para influir. Necesitamos que nuestra voz se escuche y nuestras propuestas sean incorporadas”, dice.
El año pasado, 967 asesinatos de mujeres fueron tipificados como feminicidio, dos menos que en 2019, periodo en el que se registraron 969, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Ambos años tienen los registros más altos desde que se incluyó la figura del homicidio en razón de género en el sistema de justicia.
Las colectivas no solo organizan manifestaciones, también construyen redes de denuncia, apoyo y atención a víctimas con la finalidad de hacerle frente a la violencia de género.
Esa labor involucra a activistas de diversas regiones del país, con causas que van desde la lucha por la interrupción legal del embarazo hasta la toma de decisiones en favor de los derechos sexuales y políticos de las mujeres. En el camino de estas defensas son reprimidas, silenciadas, acosadas en internet y en las calles con el objetivo de minimizar su incidencia en la vida pública.
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Voces unidas, oídos sordos
Marlene Segura, integrante del parlamento de mujeres 2021, afirma que las mexicanas en espacios de preparación política también son víctimas de violencia.
La activista recuerda que dentro del debate por la presidencia de una comisión del parlamento los integrantes varones del equipo opinaron que Marlene no contaban con la experiencia para el cargo y después de su nombramiento intentaron desplazarla del puesto, incluso, expusieron su descontento por considerar a mujeres en dichos ejercicios.
“Era muy evidente que los compañeros querían la batuta, me decían que no tenía la experiencia necesaria, era muy joven y no participaba de manera activa en un partido político, cuestionaban mi capacidad para encabezar los trabajos de un ejercicio tan importante”, comparte Segura.
En muchas ocasiones, la violencia trasgrede el espacio verbal a la acción. En enero de 2021, Elvira Gómez, quien pertenece a un colectivo de madres en búsqueda de sus desaparecidos de Tierra Blanca, Veracruz, fue privada de su libertad por personas armadas.
Unas horas antes, ella y otras mujeres se reunieron en la plaza pública de la capital del estado para exigir de manera colectiva la restauración de las mesas de trabajo con los familiares de las víctimas. De manera específica, para la localización de sus hijos Rodrigo y Juan de Dios Gómez López, quienes hasta la fecha se encuentran en calidad de desaparecidos.
Con la llegada de la Cuarta Transformación comenzaron los recortes de los apoyos a las mujeres. Se eliminaron los programas del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), que generaban respaldos a este y otros grupos vulnerables. También se redujo el presupuesto de los albergues para víctimas de violencia, bajo el argumento de que estos representaban gastos innecesarios para el presupuesto federal.
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Aun con todo en contra, Ixchel Cisneros, directora de la organización El Día Después, asegura que las mujeres se mantienen firmes en su lucha.
“Ahora es muchísimo más fácil organizarnos como mujeres, dejando de lado las diferencias. Estamos hartas de la violencia contra nosotras y más allá de las filias, fobias y partidos políticos no vamos a permitirlo más”, declara.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció dentro de su jurisprudencia que la participación de organizaciones diversas a los partidos en los asuntos públicos es esencial para garantizar la expresión política legítima y necesaria en la consideración de grupos ciudadanos que de otra forma podrían ser excluidos.
Asimismo, destaca que las voces de oposición son imprescindibles para consolidar una sociedad democrática, por lo que es importante que las personas tengan acceso igualitario a los diferentes espacios deliberativos.
Perspectiva de género: un paso adelante y dos hacia atrás
Los obstáculos que enfrentan las servidoras públicas para incluir la protección de los derechos en la agenda nacional no son tan diferentes a los que viven el resto de las mexicanas. A pesar de los avances formales en materia de paridad, los prejuicios estereotipados sobre su participación en la esfera pública persisten.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) identificó que, aun en países con cuotas de género como México, las prácticas políticas excluyentes al interior de las organizaciones persisten dejando a las mujeres sin acceso a los núcleos de decisión.
Pese a la resistencia, los logros obtenidos por las funcionarias mexicanas en favor de su participación política distan de ser pequeños. Tan solo en el último año, se alcanzó la tipificación de la violencia política de género como delito electoral, a través de la aprobación de una serie de reformas que modificaron ocho leyes federales.
En estas se instauraron multas de 100 a 400 días de salario mínimo y penas de uno a tres años de prisión para los responsables, estableciendo agravantes para los casos cometidos por agentes del Estado.
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A inicios de la actual jornada electoral, el INE emitió los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, en los que, entre otras regulaciones, se establece la imposibilidad de postular a personas acusadas de violencia familiar, sexual o que estén registradas como deudores alimentarios.
En febrero de este año, diputadas, especialistas e integrantes del movimiento feminista realizaron la presentación del Informe Violeta, Inventario de Acciones Legislativas en favor de las Mujeres, en el que destacaron la conformación del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva, la modificación de 86 leyes secundarias para garantizar plenamente la paridad transversal, la legislación sobre la violencia simbólica y mediática en razón de género.
Este conjunto normativo será puesto a prueba por primera vez durante la próxima jornada electoral, esto quiere decir que en todos los espacios se deberá competir con paridad total.
El territorio reivindicado por las mujeres representa una conquista importante en la protección y garantía de sus derechos; sin embargo, la invisibilización de la participación femenina, el acoso y la violencia política continúan como el principal impedimento para su permanencia en los puestos públicos.
Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano, levanta la voz para exigir que a las mujeres se les garantice un piso parejo, pues al no hacerlo las violencias en su contra se seguirán perpetuando, no solo en el ámbito político, también en el resto sus interacciones, aun cuando se impulsaron reformas para procurar la paridad en los cargos políticos.
“Hay que decirlo claro: se requiere que el Poder Ejecutivo ponga en marcha todas las acciones necesarias para que la igualdad de todas las mujeres sea una realidad y así se eviten actos de violencia en estos procesos políticos y en su desempeño”.
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