CIUDAD DE MÉXICO. El apartado sobre paridad o Anexo 13 del Proyecto de Presupuesto 2021 carece de una verdadera de perspectiva de género, revelan las mismas cifras del documento que se discute en el Congreso mexicano y concuerdan analistas.

El pasado 8 de septiembre, el gobierno federal presentó el Proyecto del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal (PPEF) 2021, en el que estima un gasto total de 6 billones 295,736.2 millones de pesos, 0.3% menos que el aprobado para 2020.

Ésta sería la primera reducción desde 2017, cuando el gastó bajó 3.9%; sin embargo, en ese entonces no se vivía una emergencia sanitaria como la que vive México desde el 28 de febrero, cuando se detectó el primer caso de COVID-19.

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Pese a las recomendaciones de organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador insiste e mantener una política financiera de estricta austeridad.

En ese sentido, se dispuso que el Anexo 13 del proyecto de Presupuesto tendrá 128 mil 92.2 millones de pesos para ejercer durante el tercer año de este gobierno. A diferencia de muchas áreas e instrumentos, este apartado recibió 24 mil 574.4 millones de pesos adicionales, 19.6% más, a lo aprobado para el año que corre.

¿Qué es el Anexo 13?

El Anexo 13 se encarga de la instrumentación de políticas públicas relacionadas con la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Entonces, ¿ante el incremento en los recursos para este aparato el gobierno está apostando a reducir la brecha de género en el país? No necesariamente.

Porque al interior del anexo se explica que ese presupuesto, de ser aprobado por el Legislativo, se concentraría en el Ramo 20 Bienestar “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, que de 126,650 mdp para 2020, recibirá ahora 135,065 mdp en 2021, un incremento de 7 por ciento.

Esto va en línea con el propósito federal de incrementar los recursos que se destinarán para sostener y robustecer los programas estrella de este gobierno. Para 2021, se pretende asignar 265,160 millones de pesos a esos programas, un aumento de 7% respecto al ciclo fiscal anterior.

Esos programas son constitucionales tras una reforma que entró en vigor en mayo, la cual establece la entrega de apoyos económicos vinculados a temas de salud, trabajo y educación. Por lo tanto se trata del primer PPEF que incluye programas sociales por obligación constitucional.

De acuerdo con los criterios que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal debe garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres “a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública Federal”.

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Para ello, se deben incluir indicadores precisos de medición de efectividad de programas, mismos en los que se puedan identificar de forma diferenciada los beneficios para mujeres y hombres. Además, éstos deberán tener perspectiva de género.

¿Es solo un espejismo?

Sin embargo, el Anexo 13 del PPEF 2021 no cuenta con la perspectiva de género necesaria en políticas, de acuerdo con Carmen R. Ponce Meléndez, analista de la organización civil Comunicación e Información de la Mujer (Cimac).

“Los recursos etiquetados para la igualdad de género prácticamente no ofrecen una alternativa real de apoyo. Vamos, no es un ‘proyecto de soluciones mediatas o inmediatas’, salvo breves destellos", mencionó en entrevista con Dalia News+Media.

Para Ponce Meléndez, es necesario limpiar y revisar los excesos burocráticos de gobiernos pasados, pero mantener una política de austeridad en una crisis como la actual es contraproducente.

“El empleo de las mujeres y su precariedad son un foco importante en esta crisis porque estas condiciones de desigualdad preceden a la crisis sanitaria y solo empeoraron", sostiene.

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Anabel López Sánchez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), aseguró el 11 de julio pasado que en todos los programas sociales hay más mujeres como beneficiarias, que hombres, y en ese sentido, esos esquemas impulsan la paridad,

No obstante, la analista de Cimac, hace una observación: efectivamente las mujeres son quienes más apoyos reciben, pero porque hay más mujeres que viven en pobreza que hombres.

“[Las beneficiarias] seguirán en la línea de pobreza y sin capilaridad social o con ninguna opción para resolver la enorme desigualdad de que son objeto. Ni qué decir de la violencia”, apunta.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), alrededor de la tercera parte del ingreso corriente de los hogares correspondió a aportaciones de mujeres de 2008 a 2018.

“La menor participación de los ingresos de las mujeres respecto de los hombres es reflejo de las menores percepciones laborales, la menor participación económica y en general, de la menor autonomía económica que presentan las mujeres respecto de los hombres”, apunta el Coneval en el estudio Pobreza y género en México: hacia un sistema de indicadores.

Por ello, señala el consejo, las mujeres dependen más de los ingresos de fuentes indirectas, como recursos provenientes de otros hogares (empleo informal y precarizado) o de programas gubernamentales, “situación que se agudiza en contextos de pobreza”.

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¿Cómo implementar una perspectiva de género real?

Carmen R. Ponce menciona cuatro puntos obligados para dotar al Anexo 13 de perspectiva de género:

1. Acciones concretas en favor de la mujer en el contexto de la crisis derivada por la pandemia de COVID-19.
2. Políticas que incluyan el trabajo necesario para un cambio cultural, que permita la implementación real de medidas con perspectivas de género, como la sensibilización sobre nuevas masculinidades. Esto podría ayudar a disminuir los índices de violencia o la brecha de género en el ámbito laboral.
3. Incrementar de 1,500 pesos mensuales a 4,500 pesos los apoyos que reciben directamente las jefas de familia para el pago de guarderías, luego de que ese programa fuera eliminado.
4. Impulsar políticas que busquen el reparto o capitalización del trabajo no remunerado.