CIUDAD DE MÉXICO. Los derechos humanos precisan de voluntad política y no de consultas, porque los derechos solo se consagran y se garantizan, y ése es justo el deber de los representantes votados por la ciudadanía, advirtió Leticia Bonifaz Nuño, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas.

"No se puede consultar si las mujeres tienen derechos o no, si la población LGBT tiene derechos o no, si las personas con discapacidad, si los migrantes, si los indígenas, porque tienen derechos. La manera en que [esos derechos] se han ido consagrando en función de luchas, responde a que han [son grupos] que han estado excluidos", explicó Bonifaz la mañana del 7 de enero al noticiario radiofónico Así las Cosas.

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La doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especializada en Derecho Constitucional fue consultada con respecto a las declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador de llevar a cabo una consulta popular sobre la legalización del aborto, luego de que a finales de diciembre fue aprobada en Argentina.

Bonifaz mencionó que la voluntad política de los gobiernos y los legisladores es la piedra angular en la protección de los derechos humanos.

"En todo nacimiento de derechos yo veo tres partes fundamentales: el trabajo social, la voluntad política y el trabajo jurídico", dijo.

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Pero el trabajo jurídico es la última parte del proceso, señaló. "Tú haces la traducción jurídica cuando tienes una presión social y cuando tienes una voluntad política. Sin la voluntad política, aunque estén las calles repletas y haya presión política. Y esa voluntad no tiene necesariamente que coincidir con una mayoría que se exprese en una urna votando Sí o No".

Aborto, ¿un tema de derechos humanos?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin discusión y sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, orientación sexual o cualquier otra condición.

Los gobiernos deben garantizar los derechos humanos, entre los cuales se incluyen: el de la vida y la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación, al trabajo, entre otros muchos.

Por lo tanto, el Estado no puede ponerlos a discusión. En ese sentido, la misma Constitución mexicana prohíbe en su artículo 35 las consultas populares que restrinjan derechos humanos consagrados en la Carta Magna o en tratados internacionales de los que México sea parte.

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La ONU y otras organizaciones no gubernamentales han advertido que el aborto es un tema de derechos humanos porque cuando las mujeres se ven restringidas para tomar decisiones autónomas en este aspecto, una amplia gama de derechos humanos se ve amenazada como: la atención médica, la salud, la libertad, la libertad religiosa y de conciencia, la seguridad personal, la no discriminación o a la vida.

Cifras de Amnistía Internacional y de la ONU revelan que alrededor de 47,000 mujeres mueren anualmente tras practicarse abortos no seguros y 5 millones más sufren alguna forma de discapacidad temporal o permanente, lo que representa también un tema de salud pública.

Los grupos privilegiados no pueden seguir decidiendo

Leticia Bonifaz subrayó también que durante siglos grupos privilegiados han decidido o intentado decidir sobre la vida de las mujeres, casi siempre hombres blancos, heterosexuales y propietarios de tierras o medios de producción.

Por otra parte, advirtió que ninguna consulta popular es totalmente libre de injerencias. "Como en el caso del aborto. Toda la ultraderecha y todas las iglesias le meterían un montón de dinero para ir llevando el resultado hacia un lado".