CIUDAD DE MEXICO. Pese la presión pública, el partido Morena y el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se resisten a reconocer las denuncias por abuso sexual que han interpuesto mujeres -algunas desde hace varios años- en contra del candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Por lo que abogadas y activistas analizan qué otras acciones se pueden realizar para evitar que una persona que enfrenta tales acusaciones participe en elecciones y tenga oportunidad de acceder a un cargo público.

De cara a la elección del próximo 6 de junio, el lineamiento de la declaración de transparencia conocida como "3 de 3" y exigida por el Instituto Nacional Electoral, prohíbe que aspirantes a un cargo de elección popular con antecedentes de violencia contra las mujeres puedan participar en el proceso electoral.

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Pero para Morena, en voz de su presidente nacional, Mario Delgado, Salgado Macedonio no se encuentra en esa situación porque no existe una sentencia judicial en su contra.

Sin embargo, los procesos legales de las denuncias están en pie y lo cierto es que es conocido que la impartición de justicia en México tarda años.

Luego de la resolución del partido en el poder se originó en redes sociales la campaña #PresidenteRompaElPacto, la cual ha sido abrazada en buena parte por mujeres de distintos ámbitos como un exhorto a López Obrador a romper con el pacto machista en materia de violencia contra las mujeres y a romper con la impunidad cotidiana en México.

Igualmente en estos días, grupos de mujeres activistas han llevado a cabo protestas y un grupo de 150 hombres académicos, periodistas y también activistas emitieron un desplegado en que exigieron a Morena que elimine la candidatura.

Incluso, un grupo de legisladores de ese mismo partido han exigido la misma acción.

Abogadas expertas en derechos humanos y derecho internacional, consultadas por Dalia News+Media, admitieron que el caso Salgado Macedonio dejó de estar en la cancha jurídica y pasó al plano político y moral, en torno al papel que juegan los partidos políticos en la promoción de personajes que violentan a mujeres.

De acuerdo con las especialistas, estas son algunas alternativas que, dicen, se pueden explorar:

1 Juicio político

Paola Zavala, abogada de Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa) comentó que no se explica por qué las diputadas y las senadoras que usaron sus redes sociales para exigir el retiro de la candidatura del político guerrerense se tardaron en usar las herramientas que tienen a la mano para convocar a un juicio político ante la Cámara de Diputados.

Aquí es importante aclarar que Salgado Macedonio es actualmente senador con licencia por Morena.

“Las legisladoras que protestan podrían estar haciendo algo y no están haciendo mucho. Para que eso ocurra, lo que tendrían que llevar a cabo los y las legisladores de Morena es hacer valer su mayoría en la Cámara de Diputados para abrir un juicio de desafuero a Salgado Macedonio”, expresó.

En ese sentido, este 19 de febrero, un grupo de mujeres del partido Movimiento Ciudadano presentaron un escrito ante la Cámara de Diputados para que determine si se le retira el fuero constitucional a Salgado Macedonio en su calidad de senador. De ocurrir eso, puede ser juzgado por los delitos sexuales de los que es acusado.

Sin embargo, esta acción puede tardar meses, como ocurrió con el exdiputado de Morena, Cipriano Charrez Pedraza, presuntamente involucrado en un accidente automovilístico en el que una persona perdió la vida.

A Charrez se le inició un proceso de desafuero en octubre de 2018, pero culminó en abril de 2019, cuando el pleno de San Lázaro votó por retirarle el fuero constitucional

2 La Comisión de Honestidad o la impugnación de militantes

La abogada y activista Paola Zavala sugirió que otra instancia que podría ser determinante es la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, que está en proceso de determinar su resolución sobre el caso, luego de que esta semana una de las presuntas víctimas y el acusado comparecieran en distintos días ante esa instancia.

Si el órgano interno partidista decidiera no retira la candidatura, los militantes pueden impugnar su postulación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual tendrá que revisar si en efecto la decisión está conforme a los lineamientos del partido.

Cabe señalar que militantes de Morena han enviado cartas a la Comisión de Honestidad solicitando considerar el retiro de la candidatura. Tal es el caso de la senadora morenista Malu Micher, quien exhortó por escrito al órgano interno a que reflexione su determinación en torno al caso.

Por aparte, el historiador Pedro Salmerón igualmente dirigió una carta al órgano partidista, en la cual señaló que en este caso hubo una violación sistemática a los estatutos del partido.

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3 Juicio de Defensa Ciudadano ante el Tribunal Electoral de Guerrero

Dalia News+Media también platicó con Yolitzin Jaimes, quien forma parte de la Colectiva Nacional Feminista Ningún Agresor en el Poder.

La activista confirmó que el 18 de febrero la colectiva recolectó firmas de ciudadanas guerrerenses para levantar un Juicio de Defensa Ciudadana ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero con el fin de impugnar la precandidatura de Salgado Macedonio.

Posteriormente será presentado ante el Instituto Nacional Electoral, una vez que sea avalada de manera definitiva la candidatura del senador morenista con licencia.

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4 Mecanismos internacionales, pero sin efecto directo en la candidatura

Ximena Medellín, doctora en derecho internacional y profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que la prescripción del delito de violación -que la Fiscalía de Guerrero aplicó en uno de los casos denunciados-, representa una limitación para las instituciones de derechos humanos a la hora de hacer justicia a las víctimas.

Entrevistada por Dalia News +Media, puntualizó que si bien este caso se podría llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), estos entes decidirá si hubo o no una violación.

Su función sería hacer una recomendación al Estado mexicano a que se investiguen los hechos, sin importar que se haya determinado la prescripción del delito.

“Cuando la Comisión o la Corte califican un acto como violación grave de derechos humanos, el Estado mexicano no les puede decir que pasó demasiado tiempo y que ya no va a investigar. Lo único que van a recomendar estos organismos es: investiga”, dijo.

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La doctora en derecho internacional aclara también que se trata de un procedimiento en contra del Estado, y no en contra del político.

Y lo que tendría que evaluar alguno de estos organismos es verificar si se negó la investigación por aplicaciones de normativas internas y si realmente el Estado es responsable por incumplir las obligaciones de la Convención para la Violencia Contra la Mujer, y por violar la integridad personal y el debido proceso de acceso a la justicia.

Pero Medellín igualmente aclara que esto no evitará que el político nunca más acceda a una candidatura, pues el resultado de un proceso como este sería un beneficio directo para la víctima, tal como reabrir la investigación, que se le dé una indemnización por el daño moral y emocional, o que a través de un evento simbólico se le pida una disculpa a la agredida.

“La pregunta es si todo esto en su caso sirve para evitar la candidatura de Salgado, y la respuesta es: no”.

Una desventaja en estos procedimientos afirma la académica, es que son muy largos. Son dos años para la CIDH diga si es admisible o no, y entre 6 a 8 años en promedio para la Corte IDH.

“A partir del momento que empieza un procedimiento de comunicación con el Estado mexicano, la Cancillería tendrá que comunicarse con la Procuraduría estatal, es decir, habría todo un circuito”, comenta.

Trayendo a colación otros casos que llegaron a instancias internacionales, la académica recuerda particularmente el de las mujeres indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, en el que sí hubo mayor discusión de los hechos de agresión sexual, ya que el Estado puso en duda que hubieran sido violadas por militares y con ello se les negó el acceso a la justicia.

“Es plausible y recomendable acudir a un mecanismo internacional. Pero otra cosa es ver cómo esto sirve para el problema que estamos presentando como sociedad: que se postulen a cargos públicos personas con este tipo de señalamientos”

5 La presión social

La doctora Ximena Medellín añade que jurídicamente es complicado dar trámite a este caso, pero por tratarse de un tema relacionado con lo político y lo moral, afecta directamente a la imagen de Morena. Y para reivindicarse tendría que eliminar la candidatura de Salgado Macedonio.

"[Si Morena elimina la candidatura de Salgado, el mensaje del partido sería] Estamos rechazando la candidatura de personas, a pesar de que jurídicamente cumplen los requisitos y no tienen suspendidos sus derechos políticos. Social política y moralmente no queremos esos perfiles dentro de las personas que se presenten a una candidatura”, comentó.

En el mismo sentido Paola Zavala, abogada de Ocupa, consideró que la verdad penal no puede ser la única vía para que haya justicia.

Para la jurista, se deben buscar otras alternativas, teniendo en cuenta que el senador con licencia ha sido señalado por cinco mujeres. Y aunque no hay ningún proceso judicial que se haya resuelto a favor o en contra de él, existe una opinión pública que no pasará por alto la violencia sexual contra las mujeres y ningún tipo de violencia.

“Estamos hablando de un Estado en donde solo 1.6% de las averiguaciones previas terminan en vinculación a proceso. Ahora, exigen una sentencia para hacer cumplir el lineamiento electoral, cuando el sistema de justicia en Guerrero es muy débil”, dijo Zavala.

Ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que el debate de la candidatura del senador debe dejarse a la decisión de los habitantes de Guerrero, Zavala señaló que la visión del mandatario es corta.

Porque, expuso, la violencia de género es un tema que está en la agenda nacional y tendrá consecuencias electorales para Morena en todo el país si se aferra a mantener la candidatura del legislador.