CIUDAD DE MÉXICO. La crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 hizo retroceder 10 años a las mujeres latinoamericanas en materia de empleo y condiciones laborales, de acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El reporte fue presentado el 10 de febrero por la secretaria ejecutiva de la organización, Alicia Bárcena, quien urgió a los gobiernos a implementar políticas sobre cuidados y brecha digital de género, las cuales permitan a las mujeres incorporarse al mercado laboral.

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De acuerdo con el reporte Informe Especial COVID-19 N⁰9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, la tasa de participación laboral de las mujeres en 2020 fue de 46% contra 52% el año inmediato anterior

En contraste, la tasa de participación de los hombres fue 69% contra 73.6% en 2019.

En cuanto a la tasa de desocupación de las mujeres fue de 12% en 2020. No obstante, se eleva a 22.2% si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019.

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La CEPAL, una organización regional de las Naciones Unidas, estima, además, que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontrarían en situación de pobreza el año pasado, es decir, 23 millones más que en 2019.

Según el documento, 56.9% de las mujeres en la región y 54.3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos por causa de la pandemia.

En ese sentido, destaca que el trabajo doméstico remunerado, caracterizado por una alta precarización y por la imposibilidad de realizarlo de manera remota, ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis.

Los datos muestran que en 2019, este sector empleaba a 11.1% de las mujeres ocupadas en América Latina. Eso representaba 13 millones de personas, de las cuales, 91.5% eran mujeres.

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En el segundo trimestre de 2020 los niveles de ocupación en el trabajo doméstico remunerado cayeron: -24.7% en Brasil; -46.3% en Chile; -44.4% en Colombia; -45.5% en Costa Rica; -33.2% en México; y -15.5% en Paraguay.

También las trabajadoras y empresarias vinculadas a los sectores del comercio, turismo y manufactura han resentido más el impacto, debido a cierres de fronteras, restricciones a la movilidad, caída del comercio internacional y paralización de la actividad productiva interna.

La secretaria ejecutiva Alicia Bárcena urgió a los gobiernos implementar las siguientes medidas:

1. Invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento y la recaudación tributaria.
2. Promover procesos de transformación digital incluyentes, que garanticen el acceso de las mujeres a las tecnologías, potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que enfrentan para que puedan fortalecer su autonomía económica.
3. Un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas de igualdad.
4. Transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación. "Se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo”.
5. Implementar la propuesta de canasta básica digital de la CEPAL, que requiere un reducido esfuerzo fiscal (1% del PIB regional), pero promete un gran impacto si conecta a una de cada cuatro mujeres en América Latina y el Caribe.
6. Priorizar estrategias de vacunación al personal de salud e incluir a las personas que prestan servicios asociados de limpieza, transporte y cuidados, y a quienes se desempeñan en los sistemas educativos y en el trabajo doméstico, en su mayoría mujeres.

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