Lo peor: las deudas del sexenio con las mujeres

A pesar de las exigencias de la sociedad civil, no se concretó el Sistema Nacional de Cuidados ni la orientación de recursos a áreas que son fundamentales para los derechos de las mujeres.

Foto: Shutterstock

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Nota de la Editora: Éste apartado es parte del texto "Leyes para la igualdad de género: lo bueno, lo malo y lo peor del sexenio", que puedes leer aquí y que es la Segunda Parte de nuestro análisis del sexenio. Comienza a leer acá la Primera Parte, sobre Los 6 compromisos por la igualdad que AMLO firmó en 2019.

CIUDAD DE MÉXICO. Durante los últimos años, la sociedad civil se ha movilizado para exigir al Gobierno Federal mexicano condiciones de igualdad para mujeres y hombres. Los requisitos mínimos de esa igualdad son el aumento de recursos para erradicar la violencia de género y la creación de un Sistema Nacional de Cuidados. Pero los poderes Legislativo y Ejecutivo quedaron a deber y no solo a las mujeres, sino a toda la población.

Conoce el reportaje completo: Leyes para igualdad de género, lo bueno, lo malo y lo peor del sexenio

Sistema Nacional de Cuidados

Desde 2020, se encuentra en el Senado de la República, en espera para ser discutida y aprobada, la iniciativa para crear la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados. Previamente, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Esta ley es considerada clave para promover la igualdad de oportunidades y la movilidad social en México. Y no solo para las mujeres, sino para la población en general. Si las mujeres cuentan con el mismo acceso a oportunidades, ellas avanzan económica y socialmente, y lo hacen junto con su entorno, sus familias. Pero este trabajo no remunerado de cuidados -realizado históricamente por las mujeres e históricamente invisibilizado- les quita oportunidades de educación, de empleo en el mercado laboral, de independencia económica y de desarrollo profesional y personal.

La reforma no ha llegado desde la agenda presidencial, pero eso no ha impedido que la Cámara de Diputados haya avanzado. Tampoco debería impedir la creación de otros marcos legales que permitan que las responsabilidades de cuidado sean compartidas entre las mujeres, los hombres, las empresas, el gobierno y la sociedad en general.

“No hemos tenido una estrategia integrada para atender las desigualdades de género desde la perspectiva de todo el trabajo no remunerado que realizamos las mujeres y las niñas, y pues esa desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado de cuidados y doméstico, genera muchas otras formas de desigualdad; para la participación de las mujeres en lo social, lo económico, lo político, educativo, laboral”, indicó Mónica Orozco directora de Género, Desarrollo, Economía, Rendición de Cuentas y Sustentabilidad A.C. (Genders).

“Tenemos una reforma constitucional en materia de derecho al cuidado digno y el tiempo propio de las mujeres, que se aprueba por unanimidad en el año 2020 y que lleva cuatro años durmiendo en el Senado”, añadió.

Señaló que el Sistema Nacional de Cuidados requiere otras modificaciones legales relacionadas con desarrollo social, salud y educación, que estipulen temas como las escuelas de tiempo completo y otros que forman parte transversal de los cuidados.

Por ello, dijo, es necesario que se realicen diálogos entre la sociedad civil y la legislatura donde se planteen las necesidades y avanzar con base en ello.

Fernanda García, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, afirmó que sin el Sistema Nacional de Cuidados las mujeres seguirán dedicándose a esta tarea sin pago alguno y con pocas oportunidades para insertarse en el mundo laboral o incorporándose a él en condiciones precarias.

Diseño: Claudia Torres / Dalia Empower

Menos dinero

Lo recursos económicos representaron otro gran problema del sexenio. El presupuesto para el avance de las mujeres y de la igualdad se concentró en los programas sociales del gobierno federal que no cuentan con perspectiva de género. En cambio, los recursos para generar entornos libres de violencia para las mujeres, disminuyeron.

En un análisis de los Presupuestos de Egresos de la Federación se encontró que los cuatro programas que Fundar Centro de Análisis e Investigación identifica como los necesarios para atender la violencia contra las mujeres, tuvieron una disminución de presupuesto de 89 millones 684 mil pesos entre 2018 y 2024. Esto, a pesar de que en teoría deberían haber tenido un aumento, debido a la inflación.

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“La asignación no prioriza estos programas orientados a cerrar las brechas porque la mayor proporción del dinero se está yendo a tres programas en específico: lo primero es pensiones para adultos mayores, becas para educación básica y becas para educación media superior”, indicó Fernanda García, integrante del Imco.

El análisis de Fundar revisa el Anexo 13, que es el segmento del presupuesto federal en el que se concentran todos aquellos programas y recursos que están diseñados para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

Desde 2008, el movimiento feminista en el país impulsó de manera legislativa la creación de este análisis del presupuesto general, que asegura cada año una parte del dinero público para programas de igualdad y combate a la violencia contra las mujeres.

El Anexo 13, como sucede con todo el Presupuesto, es enviado por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que destinar recursos es una tarea que comparten ambos poderes.

En el caso de los programas sociales a los que el gobierno dio prioridad tuvieron un incremento considerable de dinero. Por lo tanto, en apariencia, aumentaron los recursos destinados a impulsar la igualdad de género. Sin embargo, analistas coinciden en que dichos programas no tienen perspectiva de género y no pueden ser considerados como estratégicos para construir igualdad.

Diseño: Claudia Torres / Dalia Empower
Diseño: Claudia Torres / Dalia Empower

A esto se suma la cancelación de programas de atención a las mujeres que se llevó a cabo en el sexenio. Por ejemplo, las Escuelas de Tiempo Completo, que permitía que la niñez estuviera mayor tiempo en los planteles y, a su vez, que las personas tuvieran mayor oportunidad de trabajar.

Lo mismo sucedió con el programa de Estancias Infantiles, que fue cancelado entre acusaciones de corrupción. Sin embargo, nunca se presentó ninguna denuncia formal al respecto, de acuerdo con una respuesta de la Fiscalía General de la República a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Tras el cierre de las estancias, la administración federal creó el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que entrega dinero, de manera directa y mediante transferencia, las mujeres que trabajan y que tienen hijas o hijos para que ellas mismas busquen y paguen un servicio de cuidados.

En su momento, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que con esos recursos las mujeres podrían contratar a una persona cuidadora y que bien ésta podría ser la abuela de las infancias. La expresión del mandatario fue criticada porque nuevamente se asignaba la responsabilidad del cuidado a una mujer.

“Muy preocupante; definitivamente un retroceso en el derecho a las infancias y a las mujeres. Es que, al cambiar el programa a solamente entregar una transferencia, en lugar de promover el crecimiento de la oferta de servicios como antes se hacía y vincular este apoyo a la asistencia a centros de atención para los niños [...] al ofrecer solamente una transferencia, no se cuenta con la garantía de que las familias, especialmente las más pobres, cuenten con servicios accesibles, las cercanía de sus viviendas o de sus lugares de trabajo para llevar a los niños”, aseguró Orozco.

Además, los recursos que se destinan al cuidado de las infancias también disminuyeron. En 2018 se entregaban más de 4 mil millones de pesos para estancias infantiles, pero para este 2014 únicamente se presupuestaron 2 mil 800 millones para el programa del bienestar para niñez de madres trabajadoras.

Durante este periodo hubo otros intentos de disminuir presupuestos o eliminar recursos a algunos programas importantes para las mujeres, y grupos activistas tuvieron que dar batalla para evitarlo.

En 2019, el gobierno federal decidió cerrar la convocatoria del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para asignar subsidios a los refugios para mujeres víctimas de violencia. En ese momento, los recursos de la Red Nacional de Refugios (RNR) todavía dependían del programa de la Secretaría de Salud.

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Pero activistas y redes de mujeres se movilizaron y a ellas se sumaron senadoras, diputadas, medios de comunicación y sociedad civil para hacer evidente que el cierre de la convocatoria afectaba los derechos de las mujeres y las ponía en mayor riesgo y vulnerabilidad. Como resultado, la RNR logró mantener la convocatoria para obtener sus subsidios.

Un año después, se logró la creación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, el cual formó parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). Con ello se aseguró el presupuesto de los 76 espacios que atienden a las víctimas de violencia y sus hijos e hijas. Así, en 2020 logró mantener su presupuesto prácticamente intacto.

No obstante, a partir de 2022 esta situación cambió porque desaparición el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). Los recursos de la RNR estuvieron nuevamente amenazados. Entonces, el Programa de Apoyo para Refugios se transfirió a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y eso generó retrasos de hasta de 11 meses en la asignación de presupuesto para los refugios. Desde entonces y hasta ahora, recibir el dinero se convirtió en una pela una constante.

El año pasado, la RNR atendió a más de 20 mil mujeres, niñas y niños en contexto de violencia, por lo que ha pedido que la próxima administración considere la creación de un fondo plurianual para los refugios.

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