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CIUDAD DE MÉXICO. Berenice quiere trabajar fuera de casa, pero debe cuidar a su hija. El dinero que gana su pareja no alcanza para los gastos de toda la familia, pero no tienen opciones porque no hay alguien más que pueda cuidar a su pequeña. Desde que se embarazó de su única hija, que ahora tiene tres años, ella sabía que enfrentarían esta situación y que ésta no cambiaría en el mediano plazo.

Berenice, de Veracruz, desconoce que existe un programa de gobierno que puede ayudarle a cubrir los cuidados de su hija al tiempo que ella se ocupa en un trabajo remunerado. Jamás ha visto o escuchado publicidad sobre el tema; tampoco ha sido visitada por Servidores de la Nación (empleados de la Secretaría del Bienestar) que se supone visitarían a madres de familia para explicarles cómo registrarse.

A pesar de que este programa se anunció con bombo y platillo en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca se ha explicado a mujeres como Berenice de qué se trata exactamente ni cómo podrían acceder. De hecho, la falta de reglas claras para poder afiliarse es una de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho sobre este esquema.

Por esa razón, ella no ha buscado inscribirse al único programa que existe hoy en México para que personas con infantes que trabajan, cuenten con recursos para pagar actividades de cuidado. Si fuera beneficiaria del Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Berenice podría pagar por una persona cuidadora o inscribir a su hija a una guardería, pues el esquema entrega mil 600 pesos bimestrales de manera directa a padres, madres o tutores para que lo usen de forma discrecional.

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El programa funciona en dos modalidades. La primera modalidad está dirigida a padres o madres de menores de hasta 4 años o 6, si tienen alguna discapacidad. La segunda se dirige a hijas e hijos de hasta 23 años que se encuentran en vulnerabilidad debido al fallecimiento de su madre.

Este programa fue creado en 2019 y buscó sustituir a las Estancias Infantiles, el cual fue lanzado en 2007 y brindaba 900 pesos mensuales a guarderías por cada niño o niña menor de cuatro años que se inscribía. Se trataba de un subsidio del costo total.

Además de la falta de comunicación a toda la población, el programa ha estado enmarcado por una baja asignación de presupuesto y una serie de irregularidades, de acuerdo con reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Coneval y solicitudes de información realizadas por Dalia Empower. La falta de recursos y la opacidad pueden ser parte de la causa por la que mujeres como Berenice no están recibiendo el apoyo.

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Diferente programa, pero las irregularidades continúan

Las consecuencias negativas que tendría en la vida de las mujeres un programa sin claridad ni transparencia fue el principal punto de discusión en 2019, cuando el presidente López Obrador decidió desaparecer las Estancias Infantiles, acusándolo de múltiples irregularidades.

En ese momento, el mandatario señaló la existencia de “niños fantasma” en ese esquema, es decir, niños que estaban inscritos y por los que se entregaba dinero a las guarderías, pero que no existían o nunca habían sido dejados al cuidado de esas instalaciones. El presidente también acusó desvió de recursos, al mencionar que los destinados a las estancias se quedaba en manos de las personas que las administraban.

“Hubo muchas irregularidades. De cada tres estancias infantiles hay dos irregulares [por ejemplo] falta de permisos para funcionar. Tenemos un millón 500 mil casos de pruebas documentadas. En su momento les vamos a presentar y se le va a entregar a la Fiscalía General los padrones de cómo se destinaban recursos para la gente y no llegaba el dinero”, declaró López Obrador en su conferencia matutina del 15 de febrero del 2019.

Sin embargo, a la fecha, la información de las denuncias no se ha hecho pública, es decir, se desconoce cuántas se han interpuesto debido a que las dependencias negaron la información y tampoco se han dado a conocer avances en las que ya estarían procesandose.

Como respuesta a una solicitud de información de Dalia Empower (número 330024622002252), la Fiscalía General de la República negó el acceso bajo el argumento de que revelar datos estadísticos sobre el número de carpetas de investigación abiertas o denuncias presentadas por el tema de Estancias Infantiles podría comprometer las pesquisas que lleva a cabo. Por su parte, en otra solicitud también formulada por Dalia Empower a la Secretaría del Bienestar (la número 330025822001864), esta dependencia respondió que no localizó información con respecto a las denuncias presentadas.

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Tras la cancelación de las estancias se lanzó el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; no obstante, el nuevo esquema no hizo desaparecer las irregularidades. El informe de la Auditoría Superior de la Federación señala que el programa no tiene claras las fechas, momentos y filtros bajo los cuales se integran nuevas personas beneficiarias y tampoco cuenta con ningún control para verificar la veracidad de su información, lo que permite el ingreso de personas que realmente no necesitan este tipo de apoyo.

“No se prevén los mecanismos para supervisar y verificar la veracidad de la información presentada por los beneficiarios y recabada por la entidad fiscalizada respecto de lo siguiente: que la madre, padre solo o tutor estén trabajando, buscando empleo o que estudian; que sea padre solo o que sea tutor; que no cuentan con el servicio de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios; de la discapacidad de los niñas y niños, y que los recursos se estén utilizando para el cuidado y atención infantil, lo cual limita asegurar el cumplimiento del objetivo del programa”, señala el informe de la Auditoría 2020-0-20100-19-0303-2021.

Tampoco existe claridad en el número de personas beneficiarias. Por ejemplo, mientras el Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno Federal señala que en el último trimestre de 2021 había 128 mil 375 personas beneficiarias en ambas modalidades, la respuesta a una solicitud de información de Dalia Empower con número 330025822001861, señala que en la misma fecha hubo 311 mil 312, de las cuales 290 mil 386 son mujeres. Es decir, entre los propios reportes del gobierno hay una diferencia de 182 mil 937 personas beneficiarias.

Por otra parte, en 2020 la ASF detectó 201 madres y mil 437 infantes que recibían dinero sin documentos oficiales como CURP, credencial de elector o acta de nacimiento. También se identificó a 278 niñas y niños que superaban el límite de edad establecido. Además, se entregaron recursos a personas que habían fallecido, pues en 2020 se entregaron 16 mil pesos y en 2019 otros 50.8 mil pesos.

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La propia Auditoría Superior de la Federación señala que durante la revisión de la Cuenta Pública 2020 no le fue entregada alguna base de datos que tuviera la información exacta de las personas beneficiarias, una acción a la que está obligada el gobierno federal.

La consecuencia de esto es que es imposible medir cómo funciona el programa y qué impacto está teniendo, menciona Sunny Villa, directora de operaciones y fortalecimiento institucional del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en entrevista para Dalia Empower, el proyecto de educación continúa especializado en life skills -las llamadas habilidades blandas- y enfocado en equidad de género, diversidad e inclusión.

“Hay diferentes fuentes que nos dicen diferentes cosas; esto es un problema. Mientras no tengamos la base de datos consolidada, mientras no tengamos un seguimiento único que realmente se realice de manera temporal con un mismo formato, con un mismo sistema, difícilmente vamos a poder hacer este seguimiento, lo que podemos hacer son aproximaciones [...] no hay una fuente consistente a través del tiempo o bien completa que nos diga cuántos y quiénes y cómo y cada cuanto”, señaló.

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Menos recursos, menos beneficiarios

Las deficiencias no terminan ahí. El esquema tampoco tiene recursos suficientes. Tan solo si se hace una comparación entre el presupuesto que se aprobó para Estancias Infantiles para 2018 -el último año que operó- y lo que se aprobó para este 2022, hay una disminución de 31.58 por ciento. Por si fuera poco, no solo se destinan muchos menos recursos, sino que no se ejercen en su totalidad ya en la práctica. Es decir, cada año la cantidad de dinero que emplea realmente la Secretaría del Bienestar es menor que la que tiene asignada y disponible. Este subejercicio ha sido la práctica común de todas las dependencias federales bajo el argumento del sello de gobierno de la actual administración: la austeridad.

Así, en 2019, cuando se lanzó el nuevo programa de apoyo, el 3.25% del presupuesto asignado no fue ejercido. Para 2020 -en plena crisis por la pandemia y cuando las mujeres estaban abandonando sus trabajos para dedicarse a labores no remuneradas de cuidado y domésticas-, 73.21% del presupuesto se dejó sin utilizar, es decir, el subejercicio alcanzó ese porcentaje, según la solicitud de información número 330025822001858 realizada por Dalia.

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“Mientras no tengamos claro que nos permita incrementar recursos y no seamos más eficientes en lo que estamos gastando, o bien pongamos las prioridades en donde tienen que ir, esto se va a ir reduciendo cada vez más. Y es una cuestión que no es solamente exclusiva de estancias infantiles; son muchos otros programas que están sufriendo los recortes porque es claro que la prioridad es financiar otros proyectos que son emblemáticos de esta administración. Dicho lo anterior, cada vez tenemos un espacio fiscal más reducido y mientras no tengamos cómo mejorar el gasto, vamos a tener pocos recursos para casi cualquier cosa”, afirmó Villa.

La ineficiencia del programa para cuidado de hijas e hijos afecta especialmente a las mujeres, puesto que a pesar de que éste contempla a madres, padres o tutores, son principalmente ellas a quienes social y culturalmente se les ha responsabilizado de esta actividad. Eso se ha traducido en una brecha de género histórica, agudizada hoy precisamente por programas ineficaces y, sobre todo, por la carencia de un sistema nacional de cuidados, cuya iniciativa de ley sigue ‘durmiendo’ en el Senado tras ser aprobada por la Cámara de Diputados en 2020.

En México, las mujeres dedican alrededor de 50 horas semanales a tareas del hogar y de cuidado, es decir, 2.5 veces más tiempo que los hombres, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). “Mientras que los hombres dedican, en promedio, 20 horas a la semana, las mujeres dedican 50 horas a estas tareas. Para ponerlo en perspectiva, si se divide esta cifra entre siete, las mujeres destinan siete horas al día al trabajo doméstico”, señala el Imco.

Un programa sin objetivos

Otra deficiencia grave del esquema federal es que no existen objetivos claros y medibles. Los organismos verificadores y de fiscalización señalan que la entrega de recursos a través de transferencias monetarias debe ser una forma de alcanzar un objetivo concreto que sea medible, algo que, en este caso, no tiene este programa.

“El objetivo no se enfoca en logros ni en metas concretas medibles en un plazo determinado, ya que la entrega de apoyos económicos es el medio para lograr el objetivo, mas no el logro que se pretende alcanzar”, indica la ASF.

Además, al programa le falta la documentación necesaria para operar y saber hacia dónde se conduce. En otras palabras, carece de planes, protocolos o procedimientos, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 2019-2020.

A la solicitud de información de Dalia número 330025822001862 y relacionada con este tema, la Secretaría del Bienestar informó que aún no cuenta con esos documentos para supervisar o dar seguimiento al cuidado infantil que se procura con el apoyo y que permitiría que madres, padres o tutores dispongan del tiempo o interés para buscar trabajo, continuar trabajando o estudiar, según la recomendación de la Coneval. Agregó que tampoco cuenta con un sistema informático que permita mayor control o el calendario de entrega de órdenes de pago, que indica la misma recomendación.

Ahora bien, si no existen objetivos tampoco existen indicadores, es decir, los campos y parámetros con que se mide el alcance de objetivos, destaca Coneval. Tampoco hay un mecanismo para verificar lo que sucede en los hogares con el dinero que reciben directamente las personas para cuidados. En este sentido, no hay manera de revisar si ese recurso se está gastando realmente en cuidados y en cuidados de calidad.

“Para garantizar el adecuado cuidado y atención infantiles, se requieren estrategias que impliquen acciones de difusión en los hogares que hayan optado por no llevar a los niños y niñas a una estancia, así como buscar acciones de verificación de las estancias (u otras opciones de cuidado disponibles identificadas por las beneficiarias) para corroborar que el servicio que se brinda sea de calidad”, recomienda en su análisis.

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El Estado deja solas a mujeres

Todas estas fallas responden finalmente a un escenario muy claro: el gobierno ha dejado a los hogares la completa responsabilidad del cuidado de las infancias, y ha abandonado su propia responsabilidad en ello, de acuerdo con Villa. “[En] Esta responsabilidad del cuidado, el Estado se ha hecho a un lado y lo ha querido compensar a través de transferencias monetaria; sin embargo, creo que no se está cubriendo la necesidad del cuidado con el monto que se transfiere”, señaló.

Estas transferencias son en realidad bajas y no están ayudando a las mujeres a liberarse del tiempo que dedican a los trabajos no remunerados de cuidado, advierte la experta. Por el contrario, deja nuevamente en ellas la responsabilidad de solucionar, con un bajo recurso monetario, sus necesidades laborales y las necesidades de salud, esparcimiento y tiempo de calidad de las infancias.

Si no logran dar solución, el recurso recibido sería empleado en sustitución de un trabajo remunerado. Y si lo logran, lo harían generalmente contratando a una amiga, hermana, sobrina, de mucha confianza y que acepte ese pago por el empleo. Bajo el esquema de Estancias Infantiles estos aspectos quedaban en manos de ese programa y los cuidados eran prodigados por personal capacitado.

“Cuando niñas y niños no se quedan a cargo de la madre, sino de otras personas –generalmente son mujeres [hermanas, sobrinas, etcétera] quienes lo hacen, eso provoca que renuncien a estudiar o trabajar. Es decir, aun con los 1,600 pesos bimestrales que hoy ofrece el programa, existe una pérdida de bienestar porque una mujer se queda en casa”, señala el informe sobre estancias infantiles de la organización México Cómo Vamos. Por lo tanto, las mujeres se han quedado sin opciones. “Se pierden dos empleos, no solo uno. Tanto el de las mujeres que están quedándose en casa en vez de salir al mercado laboral como el de quien cuidaría de sus hijas e hijos a cambio de un pago”, señala la organización.

Mientras, la iniciativa para crear un Sistema Nacional de Cuidados continúa sin ser discutida en el Senado, esperando a ser descongelada y volverse una realidad. Esto, pese a que desde noviembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó reformar la Constitución para que ésta reconociera el derecho de toda persona a cuidar y ser cuidada de manera digna.

Otros países, en tanto, ya tienen todo un camino andado en la constitución de un modelo de sistema consolidado, como Uruguay, y están generando las condiciones para el empoderamiento de las mujeres a través de su incorporación a la economía con trabajo remunerado y salarios dignos, incluso a través de un empleo enfocado a cuidar de otras personas.

En México, el IMCO ha estimado que si para 2030 se lograran sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía, el país tendría un Producto Interno Bruto 15% mayor. Este beneficio se traduciría en mayores ingresos y ahorro en los hogares, empresas más dinámicas y rentables, y mayor crecimiento económico. México está perdiendo una oportunidad de oro para hacer saltar su desarrollo y prosperidad, y lo sustituye con un programa que no está operando como se había prometido. Por el contrario se encuentra plagado de irregularidades y con pocos recursos para su funcionamiento.