Así golpea a la equidad de género y a las mujeres el Plan B de la Reforma Electoral
La reforma anula la garantía de paridad de género y permite a agresores de mujeres postularse a cargos de elección popular.
CIUDAD DE MÉXICO. El denominado Plan B de la reforma electoral recién aprobado por el Congreso en México afectará de manera diferenciada a las mujeres y representa un paso atrás en el acceso a sus derechos políticos y electorales, de acuerdo con lo denunciado por legisladoras de distintos partidos y mujeres activistas de diferentes organizaciones.
El Plan B consiste en una serie de reformas a leyes electorales y fue enviado al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que legisladores y legisladoras de oposición rechazaran el plan original del mandatario para hacer una serie de cambios directos a la Constitución.
El Plan B fue aprobado en la Cámara de Diputados sin ninguna modificación, mientras que en el Senado sí se realizaron algunas, pero no por ello esquiva fuertes críticas por reducir la estructura y facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), desaparecer las juntas distritales y eliminar el Programa de Resultados Preliminares (PREP), entre otros efectos.
Las críticas también denuncian que la reforma es un retroceso para la equidad de género. En primer lugar porque el INE queda imposibilitado para imponer sanciones administrativas contra servidores públicos y partidos. En vista de ello, agresores de mujeres podrán ser postulados en elecciones. Por otra parte, disminuye la proporción de mujeres que un partido debe nombrar como candidatas en zonas llamadas de "alta competitividad", es decir, en lugares donde tienen más posibilidad de ganar elecciones.
Recomendamos leer: Mujeres rumbo al poder en México: entre avances históricos y rezagos
A decir de organizaciones, feministas y senadoras, estos cambios contravienen los derechos políticos electorales de las mujeres y representan un paso atrás en ese sentido. “[La reforma] Viola tratados internacionales que México ha aprobado y ratificado en materias de derechos humanos de las mujeres. Lo propuesto en las reformas, a nivel leyes, contenidas en el llamado plan B, afecta contra la democracia, contra los derechos de la ciudadanía y elimina los avances en materia de derechos e igualdad que hemos construido las mujeres”, señaló la activista Patricia Olamendi, en rueda de prensa previa a la aprobación de las reformas.
Cabe destacar que el mismo día de la aprobación -el 23 de febrero- el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que la próxima presidencia del INE sea ocupada por una mujer. Esto, luego de que el pleno del tribunal modificó por segunda ocasión la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados para elegir a cuatro nuevos consejeros del INE con el objetivo de que la quinteta para elegir presidente de ese instituto sea integrada solo por mujeres.
El actual consejero presidente, Lorenzo Córdova, y tres consejeros más terminan su periodo el próximo 3 de abril, por lo que a partir del 4 de abril el INE tendrá a una mujer como presidenta por primera vez en su historia.
Se reduce la posibilidad de elección de mujeres
Una razón por la cual más mujeres han llegado a puestos de elección popular es la llamada paridad. Esto se refiere a que los partidos políticos se encuentran obligados a postular la misma cantidad de mujeres que de hombres. Eso aplica especialmente en espacios de alta competitividad -es decir, donde tienen más oportunidad de ganar comicios- que en aquellos donde no tienen tantas posibilidades.
Sin embargo, de acuerdo con un análisis realizado por Mujeres en Plural, con la reforma cambian las reglas del juego y ahora será más difícil que mujeres lleguen a cargos de elección popular, ya que la cuota se reduce de 50 a 25% en zonas de “alta competitividad".
Esto se traduce en un escenario desventajoso para ellas porque, aunque sí sean postuladas en proporciones iguales que los hombres, esto podría darse únicamente en zonas donde no tengan posibilidades de ganar. En otras palabras, la postulación de mujeres sería solo una simulación de paridad.
Esta situación es de especial importancia en un país donde apenas en 2018 se logró la paridad en el Congreso de la Unión. La legislatura pasada, en su periodo 2018-2021, tuvo prácticamente la misma cantidad de hombres que mujeres en cambas cámaras: Diputados y Senado. No obstante, la nueva reforma pone en riesgo ese equilibrio.
Agresores podrían llegar al poder
La reforma del presidente de México ahora deja a los partidos políticos toda la facultad de determinar a quiénes postularán a cargos de elección popular. Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de las entidades federativas pierden la capacidad de evitar la postulación de personas que hayan cometido delitos o faltas. Así, los partidos podrán nombrar candidatos con antecedentes de violencia contra las mujeres.
“Las autoridades electorales solo podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos para efecto de reposición de procedimientos por violaciones a su normativa interna o a derechos de la ciudadanía. En ningún caso podrán resolver nombrando dirigentes y candidatos o determinando cualquier acto que interfiera en forma directa en las decisiones de la vida interna de los partidos”, indica el nuevo texto del artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el pasado, diferentes grupos de mujeres buscaron impedir que agresores de mujeres pudieran ser postulados. Para ello propusieron la denominada Ley 3 de 3 “ningún agresor al poder”, la cual obligaba a una persona aspirante a presentar un formato -bajo protesta de decir verdad- en el que declaraba no ser deudor alimenticio y no tener denuncias o procesos por violencia familiar, de género o delitos sexuales.
Esta propuesta llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se determinó que es constitucional que no sean postuladas las personas en esa situación. Sin embargo, la regulación en todo el país quedó a cargo de los organismos locales y del INE, pues muy pocos estados lo han establecido en sus leyes.
Lee más: La paridad es ilusoria si está ausente de espacios de poder: Congreso de Mujeres Políticas
Con la aprobación del Plan B, que otorga la autodeterminación a los partidos políticos, los OPLES no tendrán ya la facultad de eliminar a los contendientes que hayan incurrido en esas violencias.
Disminuyen también las candidaturas de grupos vulnerables
Actualmente el Instituto Nacional Electoral establece un número de candidaturas que se deben otorgar a cada uno de los grupos vulnerables: indígenas, afrodescendientes, de la diversidad sexual o migrantes. Sin embargo, tras las reformas, ahora es la misma ley quien lo establece. Hasta ahí pareciera que todo está bien, pero el problema radica en que la legislación exige una cantidad mucho menor a los partidos políticos y sin especificar de qué grupos vulnerables deben ser ni cuántas personas por cada uno. La nueva ley solo se exige a los partidos la postulación de 25 personas de grupos vulnerables, en general.
Activistas consideran que esto traerá como consecuencia que menos personas de la diversidad lleguen a cargos de elección popular.
Falta de certeza en violencia política de género
Otro problema detectado es que la reducción de las operaciones del INE pone en riesgo la Unidad de Género y sus atribuciones, de acuerdo con la senadora panista, Indira Rosales San Román.
En entrevista para Dalia Empower -plataforma de educación continua especialidad en life skills (habilidades blandas), equidad de género, diversidad e inclusión- afirmó que esta unidad es la primera que recibe las quejas y da trámite a los casos de violencia política de género. Al eliminarla, estos casos quedarán en un limbo.
“[La Unidad de Género] daba trámite y daba seguimiento a este tipo de quejas. Queda este vacío legal de a dónde se acudirá en primera instancia sin tener que acudir al Tribunal [Electoral] para presentar estas denuncias por violencia política de género y, además, hay que decirlo, resulta ser una contradicción porque la violencia política de género nosotros la legislamos dentro de este mismo Senado de la República hace un par de años”, expuso.
¿Qué sigue?
Los grupos legislativos de oposición han señalado que interpondrán acciones de inconstitucionalidad para combatir la reforma, que ya solo espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.
“Terminó el proceso legislativo; sin embargo, nosotros ya interpusimos una acción de inconstitucionalidad respecto a las leyes que se publicaron en diciembre y estaremos interponiendo otra acción de inconstitucionalidad durante la siguiente semana, y serán los ministros de la Suprema Corte de Justicia quienes deberán decidir”, indicó la senadora Rosales.
Por otra parte, el domingo 26 de febrero se realizará una marcha ciudadana contra estas reformas. Organizaciones feministas como Mujeres en Plural han hecho un llamado público a sumarse a esta manifestación para protestar contra lo que se ha calificado como un retroceso en equidad de género.
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
