CIUDAD DE MÉXICO. Adolfo estaba en los brazos de su mamá, Hortencia, cuando su papá le quitó la vida. Era 2018 y él pronunciaba sus primeras palabras con las que alcanzaba a contar cómo su papá había hecho “pum pum”.

Ni él ni sus hermanas Edith, Laura y Clara, recibieron la atención que requerían a raíz del feminicidio de su mamá porque en ese momento no existían protocolos que mencionaran qué instancias debían brindarles apoyo integral, desde económico hasta psicológico. Para suplir los ingresos que ambos padres generaban y cubrir las necesidades de los niños, la familia hizo colectas de dinero.

Este caso no es el único en México; se multiplica. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de las Mujeres, en el país existen hoy 800 niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Aunque, pueden ser muchos más, tomando en cuenta solamente que puede existir un subregistro de feminicidios, de acuerdo con organizaciones civiles que han venido señalando desde hace tiempo que los asesinatos de mujeres suelen ser mal tipificados y un buen número que serían realmente feminicidios, no quedan registrados así.

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Para evitar que esta niñas y niños queden en completo abandono al perder a sus madres por un feminicidio, el 4 de agosto pasado se emitió un protocolo de atención especial. Sin embargo, activistas señalaron que el documento solamente sienta las bases, pero no garantiza los derechos de niñas y niños, y tampoco fija qué dependencias serán responsables de brindar la atención y cuáles serán sus obligaciones específicas.

De no avanzar en esos temas, el protocolo simplemente resultará inoperante y de nada servirá que existe el documento, mencionó Luz María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional por el Feminicidio.

“No va aterrizar. Cada quien toma e interpreta lo que quiere. Es que los protocolos tienen que ser muy claros y nombrar quién es el responsable y qué va a hacer, de lo contrario, queda así como que todos tienen que tener una responsabilidad. Pero en concreto esa responsabilidad se tiene que desprender de un análisis de lo que están pasando las niñas y los niños”, señaló.

La activista y exconsejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, Areli Torres-Miranda, coincidió en ello y agregó que el protocolo debiera considerar igualmente el impacto psicológico y social del feminicidio en los infantes a un plazo mucho más largo y no solo en los primeros meses luego del suceso.

“Me parece, de inicio, plausible que se haya hecho un protocolo porque no existía. Los niños y las niñas en orfandad por feminicidio fueron durante mucho tiempo las grandes víctimas invisibilizadas”, aseguró.

“Creo y confío que en esta progresividad de derechos, este protocolo se vaya perfeccionando, creo que no solamente tendríamos que estar hablando de cuidados básicos; también siento que podría perfeccionarse en materia de qué es lo que viven en impacto psicológico y social" a lo largo del tiempo, indicó.

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Los aciertos y los errores

“La situación de las NNAOF (niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio) es de especial preocupación en su contexto de violencia feminicida, porque constituye un evento traumático que, además de quebrar la idea de familia como un espacio de protección, les coloca en un mayor riesgo de la vulneración de sus derechos”, indica el protocolo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El 58% de los feminicidios en el mundo son cometidos por parejas, exparejas o familiares, por lo que se trata de crímenes con características distintas. de acuerdo con el estudio Global Study on Homicide. Gender-Related Killing of Women and Girls 2018, realizado por UNODC.

Luz María de la Luz Estrada afirmó que, en consecuencia, las y los niños requieren de medidas específicas de protección, por ejemplo, para determinar con quién se quedan mientras se llevan a cabo las investigaciones, ya que el protocolo reconoce a un infante como huérfano por feminicidio aunque cuente con padre y este no se halle vinculado con el proceso.

Además, señala que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes debe instalar un grupo multidisciplinario en cuanto tenga el caso de un o una menor en esta situación y brindar ayuda inmediata a través de medidas de atención médica y psicológica (aunque únicamente establece ese auxilio solo de emergencia), alojamiento, alimentación, traslados, protección, asesoría jurídica, medidas económicas y de desarrollo, de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición.

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La coordinadora del OCNF indicó que en muchos casos, al momento de iniciar las investigaciones de un crimen, no se considera que el agresor pudo ser el papá pero posteriormente surgen indicios, por lo que debe establecerse la forma en que las autoridades actuarán en esas atenciones y alojamientos de emergencia.

El protocolo también contempla como principales operadores al DIF y a la Procuraduría de Protección, quien da protección y atención médica urgente, busca a la familia, el albergue, comida y otras cuestiones básicas. Además, gestiona las medidas de protección y se asegura de su cumplimiento, o presenta una denuncia ante el Ministerio Público si no se cumplen.

Sin embargo, Estrada advirtió que la instancia que debería de revisar y coordinar la aplicación del protocolo es la Comisión de Víctimas, ya que tiene facultades legales para ello. Dicha comisión debería firmar convenios de colaboración con otras como salud o educación, para que cada una brinde el apoyo dentro del área de su competencia.

Por otra parte, el documento detalla de manera muy general que la “Federación, Entidades Federativas o municipios o alcaldías” deben proporcionar los recursos para gastos funerarios. Nunca detalla tampoco la forma en que se asignará los recursos en cada caso. Aquí es preciso fijar los recursos que cada área va a destinar tanto a gastos funerarios como a otro tipo de egresos que requerirán las víctimas.

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El caso de Adolfo, Edith, Laura y Clara no fue diferente de muchos otros casos. La justicia no llegó y, encima de ello, solo un año después se enfrentaron al feminicidio de su tía Ana. La abuela y tías maternas se hicieron cargo de los niños más pequeños -Adolfo, Edith, Laura- y se vieron en la necesidad de pedir cooperaciones para ello, pues los gastos funerarios absorbieron sus recursos. Clara o Clarita, como se refieren a ella sus hermanas, se quedó con la familia del agresor.

Los infantes recibieron algunas citas psicológicas pero no tuvieron seguimiento. De inicio, sus familiares no tenían dinero suficiente para viajar de la comunidad rural del sur de Veracruz, donde habitan, a la ciudad donde estaba el consultorio. Estrada subraya que el protocolo debe tomar en cuenta estas condiciones especiales de las víctimas para que reciban un trato preferencial a través de programas muy específicos.

Otro factor importante en esta ecuación es el apoyo a quienes se quedan a cargo de los infantes, pues con frecuencia no tienen los recursos económicos, el tiempo -porque también están buscando justicia ante el feminicidio- o hasta la edad para hacerlo, tomando en cuenta que las abuelas suelen tomar las responsabilidad.

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4 puntos clave para un protocolo eficiente

“Hace falta ponerle unas garras [al protocolo] que tracen una ruta crítica, por así decirlo, para determinar a quien le toca qué, cuándo, en cuánto tiempo y, si no responde, qué ocurre (...) podemos estar haciendo protocolos que nos queden muy poéticos y maravillosos en el papel, pero si no los estamos llevando a la práctica y si no tenemos la certeza de que sus beneficios son reales, de nada están sirviendo”, sentenció Torres-Miranda.

La activista enumeró otros detalles relevantes que forjarían un protocolo eficiente:

1. Quién y cómo evaluará su funcionamiento.
2. Quién y cómo impartirá la capacitación entre el personal de las dependencias para aplicarlo adecuadamente.
3. Cuál será el papel de las escuelas y los educadores en la atención integral a los infantes.
4. Crear un comité formado por las instituciones y la sociedad civil, que brinde seguimiento a cada una de las acciones planteadas.

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