CIUDAD DE MÉXICO. En México, cuando mujer acude a refugio para protegerse ante amenazas de su pareja, frecuentemente pierde el trabajo, pues al tener que resguardarse por semanas o meses, se ausenta de sus labores y no hay una ley que la proteja en ese caso. Tampoco existe una norma que la proteja si es acosada por su jefe al interior de un automóvil, ya que difícilmente es situación se considera violencia laboral.

Esto es tan solo una muestra de que la legislación laboral aún tiene agujeros en materia de erradicación de violencia contra las mujeres; sin embargo, algunas agrupaciones preparan propuestas para cambiar ese panorama.

“[Pedimos] que se amplíe a la Ley Federal del Trabajo [con respecto] al tema de la no discriminación por razones de género y atajar la violencia en el trabajo, que desde hace años se ha venido discutiendo, por ejemplo, el acoso sexual”, indicó Inés González Nicolás, de la Red de Mujeres Sindicalistas, en entrevista para Dalia News+Media, la plataforma de información y noticias del proyecto de educación continua enfocado a mujeres, Dalia Empower.

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La Red de Mujeres Sindicalistas junto con las organizaciones Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung están alistando una iniciativa para modificar las leyes laborales para incorporar ampliamente temas como acoso sexual y laboral, discriminación y violencia de género. De esta manera, pretenden alinearlas a los marcos internacionales de referencia y proteger debidamente a las mujeres en sus lugares de trabajo.

Un convenio internacional firmado, pero muerto

México y otros países suscribieron ante la Organización Internacional del Trabajo el Convenio 190, en el cual se comprometen a “eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”. La finalidad es precisamente regular esos temas.

Para que entre en vigor y dé paso a las reformas legislativas adecuadas, es necesario que el país lo ratifique, pero en el caso de México aún no sucede.

Mientras tanto, los espacios de trabajo continúan sin un marco legal que garantice que mujeres y hombres puedan vivir en paz y sin violencia a su interior.

“Hay varios aspectos que quedaron poco claros y poco específicos en las reformas que se hicieron recientemente, de 2017 a la fecha […] Eso implica que hay aspectos que se necesitan profundizar; se necesitan indicar con más claridad qué deben hacer los distintos actores en el mundo de trabajo”, comentó Aleida Hernández Cervantes, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien forma parte del colectivo que prepara la iniciativa de ley.

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Los datos duros más recientes (Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones en los Hogares, 2016) señalan que en el país, 5 millones 463 mil 521 mujeres, es decir 16.5% de mujeres que trabajan han vivido algún tipo de violencia laboral en su vida; de ellas 3 millones 923 mil 913 refieren violencia física o sexual.

Estas mujeres están bajo situación vulnerable ante la falta de un marco legal claro, que garantice sus derechos.

Reticencias hacia las reformas clave

Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, afirmó para Dalia News+Media que existe reticencia a realizar las reformas que hacen falta. Explicó que, cuando se votó el Convenio 190, las representaciones empresariales se opusieron a algunos temas.

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“El sector empresarial se abstuvo en Ginebra [Suiza, donde se suscribió el documento] porque no está de acuerdo con algo que es uno de los avances más importantes de este convenio", detalló Mercado.

Ese avance se refiere a que no solamente en el Convenio se considera la violencia laboral a la que ocurre dentro del lugar del trabajo, sino fuera de él también. Por ejemplo, durante el trayecto a ese lugar.

Es decir, si un compañero o superior del trabajo realiza un acto de acoso u hostigamiento sexual, o cualquier agresión de género, durante un trayecto que forma parte de la actividad laboral -así sea fuera de la oficina en la cual se desempeña diariamente-, se consideraría violencia laboral.

En ese sentido, deberán integrarse todos los lugares que forman parte del centro de trabajo. Así, los empleadores no podrán deslindarse de lo que sucede fuera de sus corporativos o fábricas porque la ley se aplicaría tanto a estas ubicaciones como a todas aquellas externas, pero relacionadas con las actividad laboral.

El colectivo de mujeres también busca que se sancione el acoso cuando se comete vía celular, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación de trabajo.

Otro punto al que se opone el sector empresarial es su participación en la erradicación de la violencia familiar. Es decir, apoyar y proteger a las mujeres cuando éstas necesitan separarse de su lugar de trabajo para mantenerse a salvo.

“No solamente [se trata de] que los patrones puedan pagar un mes de salario si esa mujer necesita estar un mes [bajo refugio], fuera del alcance de su agresor doméstico, sino que es una reforma a la seguridad social. Es decir, una vez que se ratifique [el Convenio, tendríamos que revisar] qué tanto ponen los patrones, qué ponen las trabajadoras y qué pone la seguridad social”, comentó Mercado.

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Aleida Hernández Cervantes señaló otros pendientes en la mira. En principio, hace falta precisar las tareas de empresas y gobierno en cuanto a erradicación de la violencia contra las mujeres.

Se carece también de protocolos para actuar en casos de acoso, hostigamiento u otras violencias, ya que se mencionan en la Ley Federal del Trabajo, pero no se establece quién debe integrarlos ni cómo. Lo mismo sucede con las políticas y programas de prevención de la violencia.

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Tampoco existe la reparación integral del daño a las mujeres que fueron víctimas de violencia laboral, algo que, por ejemplo, sí está debidamente especificado en otros delitos que contempla la Ley General de Víctimas.

“Los derechos laborales son un tema de derechos humanos. En el mundo del trabajo es muy común que solo se busque la indemnización o la reinstalación cuando es despido injustificado. Pero, en realidad, en cuanto a violencia de género contra mujeres, se tiene que considerar la reparación del daño integral”, afirmó la especialista Hernández Cervantes.

Se organizan para atacar el problema

Citar a mujeres en su casa para ofrecerles trabajo o amenazarlas con despido para después acosarlas o violarlas, fue el modus operandi del diplomático y escritor mexicano, Andrés Roemer, quien enfrenta más de 60 denuncias.

Casos como este, dice Patricia Mercado, son ejemplo perfecto de por qué las leyes en materia de trabajo deben modificarse para proteger a las mujeres.

Actualmente, de acuerdo con el equipo de Mercado, existen 17 iniciativas al respecto y algunas abordan puntos del Convenio 190.

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Además, la senadora por Movimiento Ciudadano señaló que se comenzarán a realizar foros y mesas de diálogo para destrabar la ratificación del Convenio y su aplicación.

A la par, el colectivo encabezado por Red de Mujeres Sindicalistas busca concretar las reformas sin la ratificación del Convenio, por lo que prepara el proyecto que presentará al Congreso de la Unión.

Inés González Nicolás, representante de la Red, confía en su aprobación dadas las condiciones de justicia laboral a las que obliga el convenio comercial entre México-Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC.

Patricia Mercado advierte que es urgente cambiar el marco legal y diferentes grupos están empujando esta transformación, por lo que espera que se dé en esta legislatura.

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