'Tarjetas rosas’ prometidas en campañas electorales perpetúan roles de género
Las tarjetas rosas con las que se otorga dinero a mujeres tampoco cubren las necesidades básicas para vivir y, por lo tanto, no resuelven la pobreza.
CIUDAD DE MÉXICO. Durante las campañas electorales rumbo a los comicios del próximo 6 de junio en México, han surgido propuestas de entregar a las mujeres apoyos económicos, si resultan electos, a través de tarjetas bautizadas como violetas, tarjeta rosas, Aliadas, Cumplidoras y un sinfín de nombres que buscan destacar esta iniciativa enfocada a jefas de familia, madres solteras o dedicadas al hogar.
A primera vista, estos programas, que de hecho ya han sido aplicados por distintos gobiernos en el pasado- se presentan como un mecanismo de empoderamiento de las mujeres; sin embargo, no significan un cambio en la situación real de las beneficiarias y, además, perpetúan los roles de género.
En una revisión realizada por Dalia News+Media, la plataforma de información del proyecto de educación continua Dalia Empower, se encontró que tanto los programas que diferentes gobierno han implementado con anterioridad como los que se han prometidos por quienes buscan puestos de elección popular, ofrecen entre mil y mil 500 pesos mensuales. Algunos, incluso, cuentan con cantidades más bajas. Al día, este apoyo equivale a solo 33 pesos.
Pero, para que una persona cubra la canasta básica alimentaria y no alimentaria (gastos como vestidos y transporte), requiere de 2 mil 617 pesos en la zona rural y 3 mil 722 en la zona urbana, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
Es decir, los recursos que ofrecen los programas de tarjetas para mujeres son insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.
“Analizar la participación de las mujeres (presumiblemente pobres) en este tipo de programas aporta una idea sobre la dependencia que podrían generar de fuentes de ingreso indirectas, así como el papel instrumental que ciertas políticas otorgan a la población femenina”, indica el informe Pobreza y Género en México 2012, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Según el Consejo, 24.4 millones de mujeres en México no cuentan con los recursos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades, es decir, viven en pobreza.
Además, señala que 42.2% de los hogares donde las mujeres son las jefas de familia se encuentran en pobreza y aunque no representan una diferencia importante con los hombres, sí se observan factores específicos en esa población femenina que las pone en desventaja como la exclusión laboral, las cargas de trabajo doméstico y el nivel de ingresos.
Por otra parte, Coneval ha señalado en diversas publicaciones que el problema de algunos programas sociales -como las transferencias de recursos a través de tarjetas- es que no se establecen mecanismos de medición para verificar si efectivamente están funcionando.
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¿Quiénes prometen tarjetas?
El exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, repartió “tarjetas rosas” con mil pesos bimestrales durante su mandato.
Ahora, como candidato a la gubernatura, repartió los plásticos con la promesa de que servirán para todo el estado si es electo. La llamada Tarjeta Regia, ahora contará con mil 500 pesos.
Esa acción generó que la Fiscalía de Nuevo León comenzará una investigación sobre posible compra o coacción del voto. No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado en ocasiones anteriores que estos plásticos no representan un delito electoral.
Pese a que esto elevó las críticas y la polémica hacia la manera en que los postulantes buscan el voto, varios candidatos a gubernaturas han hecho suya también la promesa de entregar tarjetas:
- Adrián de la Garza (PRI), en Nuevo León
- Ricardo Gallardo (PVEM-PT), en San Luis Potosí, ofrece pensiones a madres solteras
- Francisco Pelayo (PAN), en Baja California Sur, para jefas de familia
- Clara Luz Flores (Morena-PT-PVEM), Nuevo León, a mujeres vulnerables
- Mauricio Kuri (PAN) y Abigail Arredondo (PRI), Querétaro, a amas de casa.
Los candidatos a alcaldías de la Ciudad de México han hecho lo propio. Por ejemplo:
- Lía Limón, de Va Por México, en Álvaro Obregón
- Judith Elisa Tamayo Vivanco, del PRI, en Benito Juárez pero a mujeres violentadas
- Dolores Padierna, por Morena- PT, en Cuauhtémoc para “jefas de familia”.
- Víctor Hugo Romo, por Morena-PT- PVEM en la Miguel Hidalgo
- Andrea García Julián, del Partido Equidad, Libertad y Género, por Tláhuac
- Manuel Leal Navarro, de Redes Sociales Progresistas, por Venustiano Carranza.
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Programas que fomentan la inequidad
Este tipo de programas ya han existido con anterioridad. Por citar un ejemplo: Salario Rosa en Estado de México, a través del cual se entregan 2 mil 400 pesos bimestrales a mujeres “por debajo de la línea de la pobreza” y sin empleo formal (trabajen en el hogar). Las mamás y víctimas de delitos tenían prioridad.
En Coahuila está Fuerza Rosa y se dirige a mamás o a mujeres en situación vulnerable. Consiste en el otorgamiento de 34 servicios como programas alimentarios, seguros, leche, créditos, aparatos auditivos o actas del registro civil.
De acuerdo con el Coneval, 29% de las mujeres en situación de pobreza recibió en 2018 alguna transferencia de programas gubernamentales (en hombre el porcentaje fue de 15.7%) y señala que eso las convierte en un grupo más dependiente económica y socialmente.
Otro problema que se ha identificado en este tipo de programas es que refuerzan los estereotipos de género al perpetuar el papel de mujeres como madres o cuidadoras de los hogares.
“No son tanto una prestación para mejorar la condición de ingresos de las mujeres en situación de pobreza, sino que ellas son las 'beneficiarias operativas’ que administran los ingresos destinados a mejorar las capacidades de los niños y niñas […] se consolida la prescripción cultural socialmente asumida en cuanto a que son ellas quienes deben asumir la responsabilidad por el cuidado de sus hijos, hijas y personas dependientes en la familia, y se refuerza por esta vía la división sexual del trabajo”, señala el documento Transferencias Monetarias e Igualdad de Género: Cómo Mejorar su Efectividad para Enfrentar la Crisis de Covid-19, elaborado por ONU Mujeres.
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Existen dos tipos de Transferencias Monetarias Condicionadas, ambas se han implementado en el país. La primera consiste únicamente en recursos económicos; la segunda incluye recursos económicos y algún otro programa social (salud, alimentos, subsidio de servicios básicos, entre otros).
El propio Prospera, que fue implementado en todo el país, era un programa de este tipo donde se entregaban recursos económicos y a cambio las y los niños debían acudir a la escuela y se daban servicios sociales.
Prospera tiene de hecho su origen en Solidaridad, creado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Con el pasar de las administraciones federales se convirtió en Progresa y luego en Oportunidades.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que estos esquemas se han incrementado en todos los países de la región y son destinados principalmente a mujeres, pero requieren la ejecución de otros programas y acciones con los cuales la población femenina desarrolle sus capacidades y autonomía.
“Las mujeres se incorporan a estos programas para aumentar el capital humano de sus hijos y no el propio […] los diferentes requerimientos de los programas terminan recargando y reforzando las actividades de cuidado que tradicionalmente han limitado la inserción de la mujer en el mercado del trabajo”, señala el documento Programas de Transferencias Condicionadas: Balance de la Experiencia Reciente en América Latina y el Caribe, de Cepal.
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Los esquemas que han ofrecido candidatos y candidatas hacia el 6 de junio próximo justo funcionan así: se enfocan a madres que se dediquen al hogar, madres solteras, jefas de familia o cuidadoras de personas. Y, a cambio del recurso se les pide realizar actividades específicas como llevar a la infancia a la escuela o faenas comunitarias. Eso además, aumenta sus horas de trabajo.
La Cepal señala que es necesario que es preciso contemplar a las mujeres como sujetas de derecho propio y no como administradoras de los hogares, así como generar políticas públicas para conciliar el trabajo remunerado y el no remunerado, y que propicien autonomía en las mujeres.
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