CIUDAD DE MÉXICO. Cuando Marcela decidió divorciarse, no pensó en todos los costos asociados. La relación que mantenía con el papá de su hijo de tres años era insostenible y separarse era la salida más sana. Sin embargo, al plantearle esa posibilidad su exesposo la amenazó con hacerle la vida difícil.

Y así fue. Marcela nunca había trabajado, ahora lo tiene que hacer porque solo consiguió la pensión alimenticia de un salario mínimo, casi 3,000 pesos al mes, pero es insuficiente para mantenerse a ella y a su hijo. Ahora, trabaja en una tienda además de llevar las labores de su hogar y del cuidado de su niño.

Su exesposo comprobó ingresos menores a los que realmente gana y Marcela ya no quiso seguir el proceso para que su abogado peleara por una pensión mayor, porque ya no podía pagar sus honorarios. Ahora, si bien ya está divorciada, tiene menor calidad de vida, trabaja más y ve menos a su hijo.

Su situación es la de miles de mujeres en México que se separan de los padres de sus hijos o se divorcian. De hecho, hay casos aún más complicados que el de Marcela, en que las mujeres no logran el divorcio por no poder pagar un abogado, o bien, lo lograron, pero no cuentan con pensión alimenticia, o consiguieron la pensión, pero sus excónyuges desaparecieron o se quedaron sin trabajo y simplemente incumplen esa responsabilidad.

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Abstenerse de cumplir con las obligaciones alimentarias también es una forma común de violencia contra mujeres, niños y niñas, dice Adriana Crystal Pérez Cantoral, miembro de la Red de Abogadas Violeta, en entrevista con Dalia Empower.

En México se registraron 160 mil divorcios en 2019, de los cuales, en 54% se fijó el pago de una pensión alimenticia para los hijos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pero no es garantía y muestra de ello es el aumento en las denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Hacia fines de 2021 había unas 23 mil denuncias, 6 mil más a las que se presentaron un año antes, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

A las afectadas se suman también las mujeres que son madres solteras, pues en México 67.5% de ella no recibe dinero de sus ex parejas para la manutención de sus hijos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aunque los padres no están exentos de quedarse con la guardia y custodia de los hijos en un divorcio, no es la situación que prevalece. Los abogados familiares consultados confirman que sus clientes con problemas relacionados a conseguir y negociar la pensión alimenticia son mujeres. "A lo largo de mi carrera como abogada litigante familiar puedo decir que 95% de los casos son sobre pensión alimenticia”, sostiene la abogada Adriana Pérez.

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La importancia de la pensión

La falta de autonomía económica de las mujeres dificulta que se divorcien cuando así lo deciden o, si lo logran, impacta su calidad de vida y la de sus hijos. Según el IMCO, en México las mujeres dedican en promedio 2.2 meses más al año que los hombres a tareas domésticas y al cuidado de los hijos, lo cual reduce su tiempo disponible para actividades económicas o suelen optar por actividades poco remuneradas y de la economía informal.

En México, aún 29% de las mujeres arriba de 15 años no tiene acceso a ingresos propios en contraste con 8% de los hombres, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Por ello, divorciarse sin negociar una pensión alimenticia aumenta la condición de vulnerabilidad de las mujeres. Y no solo eso, también la de de niños y niñas, quienes viven la violación de su derechoa a la manutención y al tiempo de cuidado de sus madres. Incluso les expone a otro tipo de delitos como violencia y abuso de sus cuidadores.

“Las mujeres quedan desprotegidas para hacer cualquier cosa porque el principal proveedor es el hombre” y él utiliza esa condición para amenazar a su esposa si quiere divorciarse, señala Francisco Javier Heránandez, fundador y director de la Fundación Lexpro Humanitas, que atiende a víctimas de violaciones de derechos humanos.

En su acepción general, la pensión alimenticia no solo se refiere a comida sino también, de vestido, habitación, recreación, atención médica y, en caso de los menores, educación. El Código Civil Federal contempla la obligación de dar alimentación y el derecho a pedirla, pero muchas mujeres lo ignoran. El pago de alimentos se conviene mediante un acuerdo ante la presencia judicial, o bien, se determina por una sentencia o la resolución de un juez. Al determinar el pago de alimentos se establece también cómo garantizarla.

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En su artículo 337, este Código establece multas de 180 a 360 días y penas de un mes a cinco años de prisión, para quien comenta el delito de “abandono de hijos”, pero no contempla ninguna pena para quien incumple con el pago de la pensión alimenticia.

Sin embargo, el código penal de la mayoría de los estados del país, es decir, a nivel local, ya contempla multas y cárcel para los deudores alimentarios. Si incumplen sin causa justificada, pueden perder la patria potestad, son inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y deberán cumplir de tres a cinco años de prisión y de 100 a 400 días de multa.

No hay piso parejo

El principal problema que enfrentan las mujeres es el acceso a la justicia y esta depende de las condiciones económicas con las que cuentan. “El problema es que las leyes familiares siguen siendo machistas y los jueces también. Hablan de perspectiva de género los jueces, pero la tienen muy equivocada”, dice Vianney Martín del Campo, abogada especialista en derechos humanos y género y miembro de la Red de Abogadas Feministas.

Por ejemplo, las pensiones por lo general van de 20% 30% de los ingresos comprobables del proveedor y, si no hay otros hijos de por medio y “el juez es espléndido, se logrará el 35%”. De cualquier forma, el porcentaje restante de la manutención tiene que salir de la bolsa de la madre, advierte Martín del Campo, que es por lo general quien se queda a cargo de los hijo. “No hay un artículo que diga qué porcentaje de pensión se debe dar a los hijos, lo determina el juez. Lo que hacemos los abogados es litigar con el principio del interés superior del menor, pero al final suele ser a criterio del juez”, agrega.

Negociar una pensión implica contratar un abogado, y eso cuesta. “Si las mujeres no tienen ingresos difícilmente tienen dinero para pagarle a un abogado y no hay suficiente defensores públicos para todos los casos”, dice Francisco Javier Hernández.

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Además, los procesos se van haciendo más complejos porque los hombres no tienen la voluntad de dar una pensión y eso encarece los servicios legales de un abogado. El hombre puede cambiarse de trabajo con tal de no pagar, falsificar documentos para decir que gana menos o, simplemente, desaparecer.

“Si el hombre no tiene ingresos comprobables o no se sabe en dónde esté, tenemos que pedirle al juez que investigue en el IMSS, cuentas bancarias, SAT y eso encarece el proceso”, comenta Hernández. Además, difícilmente un abogado querrá invertir tiempo en un proceso que sabe que puede llevar un año de litigio y al final se obtendrá poco.

De ahí que es común que muchas mujeres, sobre todo de escasos recursos, no hagan nada por tener una pensión alimenticia, aunque sea su derecho y el de sus hijos. Los expertos coinciden en que no son leyes las que faltan, sino un Poder Judicial que esté más consciente de la situación real que viven para crear mecanismos que las protejan.