CIUDAD DE MÉXICO. Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad contra el Impuesto al Valor Agregado en productos de gestión menstrual, diputadas y abogadas del colectivo Menstruación Digna México celebraron la decisión del máximo tribunal y consideraron que puede abrir la revisión de otros impuestos discriminatorios contra mujeres y grupos vulnerables, así como a la integración de una política fiscal con perspectiva de género.

En videoconferencia de prensa, las activistas y legisladoras explicaron la importancia de que la Corte discuta este planteamiento, que consideraron novedoso e importante.

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Legisladores y el colectivo que promovieron la acción de inconstitucionalidad, argumentan que los productos de gestión menstrual son de primera necesidad por una razón biológica y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) afecta de manera directa a las mujeres. Esto porque quien lo paga no es el contribuyente sino la consumidora final. Por lo tanto, consideran que el gravamen es discriminatorio.

Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá definir precisamente si el impuesto es discriminatorio en contra de las mujeres.

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Estiman que el pleno discutirá el caso en septiembre

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el encargado de preparar la tesis de este caso, el cual se estima sea discutido en septiembre próximo por el Pleno de la Corte.

El ministro de la Primera Sala es conocido por proponer que los casos sean analizados con perspectiva de género y se ha declarado en favor de la inconstitucionalidad de normas que, a su juicio, resultan en un reforzamiento de estereotipos de género.

Luisa Conesa, una de las abogadas del colectivo Menstruación Digna, explicó que la acción de inconstitucionalidad deriva de la negativa de la mayoría parlamentaria a llevar a cabo una reforma para aplicar tasa cero a los productos de higiene menstrual.

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La iniciativa fue desechada en octubre pasado en la Cámara de Diputados, durante la elaboración del Presupuesto 2021.

“Lo que queremos es que la Corte defina si es constitucional que los productos de higiene menstrual tengan el 16%; si es una norma discriminatoria; si es una norma que implica un sacrificio desproporcionado para las mujeres, porque si bien es cierto que todas menstruamos, no todas tenemos la misma capacidad adquisitiva”, dijo la abogada del colectivo.

La diputada Verónica Sobrado, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que si bien el presupuesto incluye un anexo 13 que hace referencia al tema de la igualdad, en lo que respecta a los ingresos no existe nada con perspectiva de género y eso también ha sido un impedimento para avanzar en la materia.

“Creo que será muy importante lo que pase con esta acción de inconstitucionalidad y en septiembre, cuando presenten el nuevo paquete económico, pues será tema, sin duda, de análisis y de exigencia para el gobierno”.

Comentó, incluso, que previo a la aprobación de la Ley de Ingresos que se discutió a mediados de octubre, se reunieron con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio para plantear también la inclusión de los productos de higiene femenina en la canasta básica y así dar gratuidad a las mujeres que viven en extrema pobreza .

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Erika Sánchez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), añadió que si la SCJN sienta un precedente, permitirá incluir a las mujeres en pobreza o en extrema pobreza, e incluso a las que han quedado en desempleo por la pandemia de COVID-19 y las mujeres con discapacidad.

La legisladora mencionó que de entre las diputadas y diputados que firmaron esta acción de inconstitucionalidad, algunos también son integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables y, precisamente, abogan por la población femenina con discapacidad.

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La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, quien fue moderadora de la reunión del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva, estimó que la admisión de la acción de inconstitucionalidad es un primer gran avance como resultado del trabajo del grupo de legisladoras y del colectivo. Recordó que el recurso presentado a la SCJN se hizo el pasado 28 de diciembre.

Destacó que una vez que la Corte vote el asunto, el Legislativo puede seguir una ruta para generar la discusión sobre la estructura de los impuestos en el país y eliminar gravámenes discriminatorios.