CIUDAD DE MÉXICO. En México, donde el feminicidio se ha vuelto algo de todos los días, también es frecuente saber de cientos de mujeres que están dedicando sus vidas a luchar contra este tipo de violencia de género y a exigir justicia.

Irinea Buendía y Esperanza Lucciotto son dos de esas mujeres y sus respectivas historias comparten dos cosas en común. Primero, ninguna planeó ser activista; segundo, la lucha que iniciaron llegó por donde más les dolía, el feminicidio de sus hijas, Mariana Lima y Karla Pontigo, respectivamente.

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Desde el momento en que Mariana y Karla fueron privadas de la vida, sus respectivos agresores intentaron ocultar lo sucedido, mientras las autoridades fueron tan omisas que dictaron sentencias que resultaron absurdas para sus madres. Desde ese momento, la lucha de Esperanza e Irinea se volvió ardua, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello, marcaron un antes y un después en la historia de la violencia contra las mujeres en México, pues el máximo tribunal de la nación determinó que todos los casos de muertes violentas de mujeres debían ser investigados con perspectiva de género y estableció los criterios para los casos de feminicidio.

Irinea Buendía

Nació y vivió en Tenextepango, Morelos. De joven soñaba con ser profesora y pasaba los días con su abuelo materno que le contaba historias. Después de estudiar la secundaria, ingresó a la escuela normal para cumplir con su sueño, pero su hermana enfermó y ella tuvo que regresar a su pueblo natal por ese motivo.

Luego se trasladaron al Estado de México, donde ella pasó gran parte de su vida atendiendo su tienda de abarrotes.

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Irinea tuvo cinco hijos e hijas, a quienes crió y dio estudios. Entre ellos estaba Mariana, la tercera de la casa. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México pero la necesidad de hacer prácticas profesionales la llevó al Estado de México.

Dos años después se casó con un policía ministerial, Julio César Hernández Balina, quien cambió la vida de ambas: madre e hija.

El 28 de junio de 2010, a sus 29 años, Mariana tomó la decisión de abandonar a su esposo ante la constante violencia física, psicológica, sexual y económica que ejercía sobre ella. Incluso la amenazó dos veces de muerte. Ese día, su madre se quedó esperándola para comer. Nunca llegó. Lo que sí recibió fue una llamada telefónica de Julio César, quien le dijo que su hija se había suicidado.

Irinea no le creyó. Desde el primer momento supo que era un feminicidio. Así comenzó una larga lucha en que la muerte fue tipificada como suicidio gracias a que Julio César, en calidad de funcionario público, recibió ayuda de la propia autoridad para encubrir evidencia y hacer declaraciones falsas.

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En 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y el 25 de marzo de 2015 emitió la sentencia histórica, tras analizar los procedimientos del caso y evidenciar que no se incorporó la perspectiva de género. Así, sentó las bases para que todas las muertes violentas de mujeres en México se investigaran como feminicidio.

Irinea Buendía logró finalmente la detención del feminicida, tras pasar por 20 ministerios públicos, tres fiscales y tres procuradores estatales, para demostrar que su hija no se suicidó y obtener justicia. Pero su trabajo no se detuvo. Hoy, ayuda a otras familias a acceder a la justicia en casos similares.

“La falta de acceso a la justicia y la falta de perspectiva de género propiciaron que en lugar de iniciar nuestro duelo, postergáramos nuestro dolor para poder convertirnos en investigadoras, en activistas y poco a poco en defensoras de los derechos humanos, exigiendo justicia para Mariana y para todas las mujeres víctimas de feminicidio en México”, dice Irinea, citada en un documento publicado el 8 de marzo del 2021, en la página del Observatorio Ciudadano Nacional por el Feminicidio.

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