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Mexicanas que nadie ve: mujeres negras, afro y la discriminación institucional


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Foto: Shutterstock.

Ellas y sus derechos solo son visibles en la Constitución mexicana. Ante la sociedad y las instituciones son discriminadas.

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CIUDAD DE MEXICO “Llámame por teléfono directo. No puedo tener llamada por Whatsapp o por Zoom… el internet es pésimo aquí”, dice, al momento de acceder a la entrevista para Dalia News+Media, Juliana Acevedo, que hace parte de la comunidad afromexicana de José María Morelos, del municipio de Santa María Huazolotitlán en Oaxaca.

Durante la pandemia, los miembros de dicha localidad la han tenido difícil con el acceso a internet y equipos de cómputo para las clases en línea de sus hijos. Incluso tuvieron que comprar teléfonos inteligentes de baja gama para que los menores hicieran sus tareas, recibieran clases por chats de mensajería instantánea o, en el peor de los casos, recogieran la tarea en alguna ubicación.

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Este escenario es solo una botón de evidencia del precario acceso de las comunidades negras de México a servicios básicos y a sus derechos humanos.

Acevedo, quien también integra la Organización para el Fomento de la igualdad de Género y Respeto de los Derechos Humanos de los Pueblos Negros Afromexicanos (OFPNA), señala para Dalia News+Media, la plataforma de información de Dalia Empower, que en México existe un "racismo institucional" hacia las personas negras, en este caso las mexicanas negras, y que evidencia de ello es el reducido reconocimiento estadístico, constitucional y de derechos de las mujeres afromexicanas.

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Beatriz Amaro, de la asociación civil Unidad para El Progreso en Oaxaca y que integra la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y Diáspora Capítulo México, advierte que estas comunidades están tan invisibilizadas, sobre todo las mujeres, que no existen datos desagregados de los tipos de violencia que viven.

Violencia contra las mujeres afrodescendientes: una incógnita

De acuerdo con Beatriz Amaro no existen datos oficiales que midan de manera desagregada la violencia de género en sus comunidades. Esto, teniendo en cuenta que 1.3 millones de las mujeres en México son afrodescendientes.

En este segmento de la población mexicana hay más mujeres que hombres: 50.4% contra 49.6% de manera respectiva, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ni el mismo Inegi miden hoy las condiciones de violencia que viven las mujeres negras y afrodescendientes.

Lo poco que se sabe sobre el tema es de voz en voz, explica Amaro.

“Existe la violencia de género, ya que nos enteramos en nuestras comunidades de casos en determinados municipios; de que hay muertes y desapariciones de mujeres”, menciona.

Tampoco existen acciones a nivel estatal porque, además, de inicio, Oaxaca no maneja Alerta de Género, aunque la violencia contra las mujeres destaca principalmente en los municipios Pinotepa Nacional y Tututepec, los cuales se caracterizan por una alta presencia de personas afrodescendientes.

Beatriz Amaro urge ha dar visibilidad a las mujeres afromexicanas, la doble discriminación que viven -por ser negras y por ser mujeres- y las violencias que padecen.

¿Qué tan pronto eso será una realidad en el país? No parece haber mucha esperanza. En ese sentido, Juliana Acevedo advierte que ni siquiera Inmujeres ha abierto espacios para afromexicanas dentro de su Consejo Consultivo.

Y en el Congreso de la Unión, apenas hay una afromexicana, la primera, y que llegó al cargo de senador como suplemente. Se trata de María Celeste Sánchez Sugia, del partido Morena, en el poder, y quien ocupó la curul apenas en noviembre de 2020.

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La insalvable brecha digital

La brecha digital ya era una complejidad en José María Morelos, municipio de Santa María Huazolotitlán, en Oaxaca, pero la pandemia la exacerbó.

Madres y padres del lugar, quienes se dedican al cultivo de papaya y ganan 250 pesos en una jornada, se vieron obligados a hacer un esfuerzo económico para comprar celulares con los cuales sus hijos pudieran tomaran clases a distancia.

En José María Morelos, solo 20.6% de los hogares cuenta con internet; 9.1% tienen acceso a una computadora o laptop y 77.9% tienen celulares, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el Censo 2020.

“A pesar de la pobreza, han buscado las maneras de encontrar la tecnología para que sus hijos puedan tener la educación, y eso, si la red no se satura. El servicio es intermitente”, comenta Juliana Acevedo.

Beatriz Amaro, por su parte, cuenta lo mismo sobre las comunidades afromexicanas con las que trabaja. La brecha económica y digital salta a la vista. Tan solo en los municipios de Santo Domingo Armenta y Santiago Tapextla solo entre 3 y 5% de la población tiene acceso a internet, de acuerdo con Amaro.

“Esto está lesionando el derecho a la educación de la niñez afromexicana. Son los municipios donde 90% de las personas son afrodescendientes”, señala.

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Un censo histórico, pero insuficiente

En 2020, por primera vez en la historia de México un censo poblacional incluyó a la población afromexicana.

El Censo de Población y Vivienda del Inegi mostró que esta segmento representa el 2% de la población total del territorio nacional.

También evidenció que los nacimientos por cada mujer alcanzan una cifra de 3.5 hijos en los municipios donde 55% de habitantes son afro. Ese dato es mayor a la media nacional, de 2.1 hijos.

Los estados con mayor presencia afrodescendientes son: Guerrero con 8.58% de su población; Oaxaca con 4.71%; Yucatán con 3%; Quintana Roo con 2.81%; y Veracruz con 2.67 por ciento.

No obstante, para las activistas este censo histórico queda a deber y advierten que existe una alta posibilidad de subregistro debido a omisiones que pudieron observar en la labor de campo de los encuestadores.

“Algunos encuestadores no preguntaron si había afromexicanos y solo se basaron en el estereotipo…”, expresa Juliana Acevedo de la organización OFPNA .

Detalla que, de acuerdo a lo que pudieron observar, los entrevistadores del Inegi omitieron la pregunta explícita, pese a que tenían el material de apoyo para las diversas terminologías étnicas. Bajo ese escenario existe riesgo de subregistro y por ende, no quedarían expuestas totalmente las desigualdades que vive la población afro del país.

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Sin embargo, tanto Amaro como Acevedo admiten otro elemento cultural y de educación que puede impactar igualmente en el subregistro. Ambas coinciden en que, al igual que los encuestadores, las personas desconocen o, incluso, niegan sus propias raíces por prejuicios o desconocimiento de su origen.

“Las personas que saben que son negras no entienden el porqué de la mexicanidad y de la pertenencia étnica de las poblaciones afrodescendientes. Sigue siendo una asignatura pendiente”, dice Acevedo de OFPNA.

“La idea era que quedaran [en el cuestionario del Inegi los términos] negro, afromexicano y afrodescendiente. Sin embargo, en las pruebas piloto que se hicieron, preguntaban a las personas: ¿Se considera usted afromexicano? Y no entendían y decían que no. Pero si les preguntaban: ¿Se considera usted negro?, contestaban que sí”, explica Beatriz Amaro, de Unidad para El Progreso

El Inegi sí incluyó los tres términos en 2020 y los fundamentó bajo ciertos criterios. Usó el término 'negro', como etnónimo con el que más se reconoce a esta población, sobre todo en las entidades con presencia histórica afrodescendiente.

También usó 'afrodescendiente', que es recomendado por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para captar a esta población.

En tanto que 'afromexicano' es el término oficial utilizado en la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

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¿Dónde están la educación y las instituciones?

En 10 municipios de Oaxaca con mayor población afro, 19% de las mujeres mayores de 15 años está en condiciones de analfabetismo, mientras que la media nacional se ubica en 4.1%, de acuerdo con un análisis que hizo la propia Beatriz Amaro con base en los datos del Censo 2020.

Pero cuando logran a acceder a la educación, ésta es ajena a su identidad, pues los libros de texto oficiales no abordan la vida e historia de sus comunidades ni de la población negra en México.

Esto genera una crisis de pertenencia e identidad, que afecta sus derechos humanos. A reserva del Inegi, con este primer censo de población en siglos, las instituciones y la misma población no toman en cuenta la diversidad de los mexicanos.

En ese sentido, Amaro y Acevedo cuentan cómo las mujeres afro procuran portar su pasaporte que las acredite como mexicanas porque son confundidas con otras nacionalidades.

Y aseguran que no se trata de un fenómeno aislado, sino generalizado.

“Hemos tenido experiencias con compañeras que a pesar de mostrar su identificación oficial tienen que cargar con su pasaporte. Todavía les hacen cantar el himno y [les hacen] preguntas de historia para probar que son mexicanas. A una compañera en el aeropuerto le hicieron una revisión porque pensaron que era colombiana”, narra Amaro.

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Existen solo en la Constitución

A partir de la reforma al apartado C del artículo 2 de la Constitución, en agosto de 2019, se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, pero ambas activistas consideran que este cambio respondió solo al cumplimiento de tratados internacionales y no a una intención real de garantizar sus derechos y responder a sus necesidades específicas.

“No hay derechos específicos. No hay una definición de quiénes somos. En mi opinión, es una reforma racista”, expresa Juliana Acevedo.

Beatriz Amaro coincide en que, a pesar de estar presente en el texto de la Constitución, esto no ha se ha traducido en políticas públicas o en un diagnóstico y programas específicos para la población afromexicana.

En la práctica, el Estado mexicano aplica a este segmento poblacional los mismos programas que se enfocan a los pueblos indígenas a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Y aun así, no es fácil acceder a ellos, de acuerdo con Acevedo y Amaro.

Por esa razón, manifiestan que tampoco en el INPI ven plenamente representados a los pueblos y comunidades afromexicanas ni en otra institución.

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Esfuerzos de las organizaciones afromexicanas

Desde asociaciones como Organización para el Fomento de la igualdad de Género y Respeto de los Derechos Humanos de los Pueblos Negros Afromexicanos (OFPNA) y Unidad para El Progreso en Oaxaca, se hacen esfuerzos para asesorar y apoyar, sobre todo, a las mujeres que viven situaciones de violencia.

Juliana Acevedo expone que dan acompañamiento a mujeres que piden asesoría por violencia y las canalizan hacia las instituciones correspondientes para atenderlas.

Añade que también dan información y talleres para hablar de identidad afromexicana.

“La idea es despertar conciencia y que sean ellas mismas las que empiecen a levantar la voz sin necesidad de tantos interlocutores”, dice.

Beatriz Amaro explica que conforme se dieron cuenta que las comunidades afro, y sobre todo las mujeres, eran continuamente olvidadas, decidieron iniciar la colectiva a la cual pertenece y que surgió en 2014.

“Con un pensamiento más crítico, más propositivo, buscamos el reconocimiento constitucional de nuestros derechos fundamentales como pueblo. Al igual que los derechos específicos de las mujeres, que no se les están tomando en cuenta”, agrega Amaro.

El objetivo de estas organizaciones es luchar para que su historia se reconocida y para mitigar el racismo y la discriminación de la sociedad y las instituciones, menciona Amaro. Y para lograrlo, enfatiza, es necesario un trabajo integral con distintas áreas de gobierno.