En México pueden existir cientos de 'Britneys' anónimas bajo tutelas abusivas

La figura de interdicción, que elimina la personalidad jurídica, existe en México, pero viola los derechos humanos, advierten especialistas.

Foto: Redes Sociales
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CIUDAD DE MÉXICO. — ¿Entonces pueden existir muchas Britneys en México y no lo sabemos?

— Exactamente, están ahí, y lo más grave es que sigue siendo algo muy naturalizado porque se piensa que la interdicción va a proteger a las personas; se piensa que se está haciendo lo mejor para ellas.

Eso menciona Fátima Reyes Osorio, colaboradora en el programa de discapacidad y justicia de Documenta, en una entrevista para Dalia News+Media sobre el tema de la tutela de la artista estadounidense Britney Spears y como aplica esa figura jurídica en México.

Reyes Osorio ha trabajado desde hace años para que en el país se reconozca la violencia de una disposición legal poco conocida, la cual quita a una persona toda capacidad legal para decidir sobre sí misma y que está presente en todos los códigos civiles de la República Mexicana: la interdicción.

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Cuando Britney Spears se presentó casi a finales de junio pasado ante un juzgado y narró el horror que han sido los últimos 14 años de su vida bajo la tutela de su papá, hubo una sorpresa generalizada.

La cantante dijo ante todo el mundo que no puede tomar ninguna decisión, por más mínima o grande que sea, sin el consentimiento de su tutor legal. Incluso, contó, está impedida de retirarse el DIU que tiene implantado porque no se le permite tener más hijos.

¿Cómo las leyes pueden permitir semejante atropello? Esa fue la pregunta que muchas personas hicieron.

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La interdicción, un abuso de poder

Reyes Osorio, de Documenta, y Laura Ericka González, integrante de la Red de Abogadas Violetas, señalaron que en México la interdicción es similar a la figura legal bajo la cual vive la llamada Princesa del Pop. Esto significa que una persona puede ser despojada de su capacidad jurídica por considerar que no puede controlar su vida debido a una discapacidad física, psicosocial o mental. Y bajo esos criterios entra cualquier enfermedad mental cuando se considere que incapacita a la persona.

Aunque esta figura se basa en “proteger” a las personas con discapacidad, según las expertas la realidad es que se trata de un abuso de poder para someter a las personas con una discapacidad a vivir bajo la tutela de otras.

Por otra parte, deriva en otro tipo de ilegalidades. Por ejemplo, para evitar largos juicios de custodia legal por los hijos, se ha llegado a declarar interdicta a una mujer para quitarle todos sus derechos e impedirle que siga luchando ante la ley, según Laura Ericka González.

Mujeres, las más vulnerables

Para declarar a una persona “incapaz” e interdictarla, es necesario presentarse ante un juez o jueza civil o familiar, y comenzar una serie de estudios médicos, según Reyes Osorio.

La misma persona sujeta de interdicción puede, incluso, iniciar el trámite de manera voluntaria.

Esto sucede porque es usual que instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social pidan tutor a personas con alguna discapacidad para que puedan realizar trámites o solicitar servicios. Esto, pese a que no existe ley que establezca que deban hacerlo, por lo que solicitar un tutor bajo estas circunstancias es ilegal y daña los derechos de las personas, de acuerdo con la integrante de Documenta.

El proceso de interdicción también puede ser iniciado por quien está interesado en obtener la tutela. Y una que un juzgado resuelve a favor de la interdicción, la persona sujeta de esta figura es sometida a la guarda y custodia del tutor.

En el caso de Britney Spears, su padre, Jamie Spears, se convirtió en su tutor después de que ella fuera llevada en dos ocasiones a hospitales psiquiátricos debido a crisis de salud mental.

En México, para declarar a una persona en interdicción, ni siquiera es necesario que ella sepa, es decir, puede ser que nunca reciba la notificación de que ha sido llevada a juicio.

“Constantemente llegan a nosotras mujeres de diferentes edades; actualmente ya no tan jóvenes, pero sí en un rango arriba de los 40 años, que sufrieron una situación en particular de haber sido acusadas de un desequilibrio o una desestabilidad emocional, y que fueron ingresadas a un centro psiquiátrico de manera voluntaria. Al ser esto una enfermedad temporal, se utilizaba esto para tramitar juicios de interdicción y que perdieran la tutela tanto de ellas [mismas] como de sus hijos”, contó Laura Ericka González.

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En otros casos, algunas mujeres fueron internadas sin su consentimiento para poder interponer el juicio.

Emma González, psicóloga y colaboradora en la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM ( PUDH), advirtió que para interdictar a una persona únicamente se necesitan dos médicos que consideren que no tiene capacidad mental. Por otra parte, dijo, estos diagnósticos frecuentemente se realizan sin un criterio médico preciso y con un modelo psiquiátrico lleno de estigmas.

Con esa facilidad se puede llevar a una persona a un estado como el de Britney Spears que tanta sorpresa e indignación ha causado y en el cual no puede tener o administrar bienes propios, ni casarse, ni firmar un contrato de trabajo, ni tener cuenta bancaria, ni recibir herencias, firmar cualquier contrato legal o tomar decisiones médicas sobre sí misma. En suma, pierde personalidad jurídica.

Una situación así es tan grave que, incluso, si la persona, por alguna razón, se encuentra en posibilidad de ir a la cárcel, tampoco puede firmar un contrato de servicios con un abogado o apelar. No cuenta con la capacidad jurídica para hacerlo, señaló Reyes Osorio.

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El estigma y la realidad de las enfermedades mentales

La psicóloga Emma González narró un caso que llevan en el PUDH, en el cual una mujer fue interdictada por su esposo. El diagnóstico médico para hacerlo fue “celotipia y tabaquismo”, es decir, dos criterios insuficientes para sostener que ella no pudiera “gobernarse o tomar decisiones por sí misma”.

Advirtió que si bien estos diagnósticos podrían estar validados por manuales médicos oficiales, es preciso mirar el tema con perspectiva de género y de derechos humanos, pues la homosexualidad y el ansia de libertad de las personas esclavizadas estuvieron catalogadas en el pasado como enfermedades mentales.

Y ni qué decir cuando una mujer vive alguna enfermedad mental real, pues siempre es cuestionada por su capacidad y termina frecuentemente en este tipo de juicios.

Laura Ericka González subraya que hasta las muestras de emociones son suficientes para iniciar un proceso legal.

“Encontramos comúnmente escritos iniciales de demanda, con afirmaciones como es que ella se puso histérica y salió de sí […] que por eso no somos racionales y no podemos valernos por nosotras mismas. Una frase que pudiera ser tan cotidiana encierra violencia de género y entonces lo que empiezan a buscar es mermar o tratar de mermar la capacidad de las mujeres respecto al cuidado de sí mismas”, dijo.

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Interdicción sin salida

¿Cuántas personas hay en México que fueron interdictadas? O ¿cuántos son los juicios que se han llevado a cabo? Es un dato que no se tiene, no al menos de forma pública.

La Clínica del PUDH sabe hoy por medio de una solicitud de transparencia que tan solo en Ciudad de México se iniciaron 306 juicios de interdicción en 2020. La respuesta no contiene el desglose por sexo.

Lo cierto es que para las personas en esta situación les es casi imposible salir de ella. Al igual que le sucede a Britney Spears, los juicios largos les aguardan si pretenden intentarlo.

Todo esto pese a que para México ya ha habido recomendaciones del Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se pide eliminar esta figura.

En caso de que alguna persona interdicta, según Reyes Osorio, quiera dejar de serlo, debe iniciar un proceso de amparo, pues no existe otra vía que se contemple para eliminar la tutela y recuperar la personalidad jurídica. Es decir, una vez que se pierde la tutela de sí mismo, es para toda la vida.

“La interdicción solamente cesa en el momento en que la persona fallece. No hay otra manera más que los amparos para que esta figura desaparezca y deje de tener validez”, indicó.

Incluso si la persona que ejerce la tutela fallece se realiza un nuevo juicio para nombrar a un nuevo tutor o tutora o bien a un consejo ajeno a la vida de la persona.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este 2021 un amparo de un joven que se sometió a esta figura legal por voluntad propia debido a una recomendación del DIF que no le proporcionó toda la información pertinente sobre lo que implicaba.

El joven vive con esquizofrenia y según la psicóloga del PUDH -que dio acompañamiento al caso- cuando se preguntó a los médicos del hospital cuál fue el criterio para determinar que el joven no podía ejercer por sí mismo, la respuesta evidenció laxitud y carencia de un determinante médico real.

“[La Suprema Corte] Resolvió que la figura de interdicción es excesiva en cuanto a la limitación de la capacidad jurídica y que la salud mental no debería de ser una condicionante para limitar los derechos a las personas”, afirmó Reyes Osorio.

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Debe desaparecer

Las tres expertas coinciden: la solución para que se garantice los derechos de las personas es que el estado de interdicción desaparezca.

Emma González explicó que se sigue viendo a la discapacidad y a las enfermedades mentales como un asunto personal que debe atenderse al interior de una familia. Por ello se mantiene esta figura que sirven únicamente para proteger los bienes.

Reyes Osorio advirtió que es necesario crear mecanismos para que las personas con discapacidad puedan tener una serie de apoyos y elegir salvaguardas que les faciliten la vida sin quitarles la posibilidad de ejercer sus derechos humanos.

Laura Ericka González indicó que también se debe poner a discusión si la figura está velando por el bienestar de las personas o por un bienestar económico, tal como han considerado quienes apoyan a la artista bajo el movimiento Free Britney.

“Haría un llamado si realmente se está viendo por el bienestar de la mujer o se está viendo por un bienestar económico o por un bienestar de otro tipo, de quitarle a sus hijas o hijos de su cuidado, así de grave puede llegar a ser el asunto de no poder ejercer una decisión sobre su vida y su cuerpo”, sentenció.

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